Tres mujeres y un hombre de una misma familia quedaron vinculados a una investigación por juego clandestino en el barrio Las Flores. Durante allanamientos simultáneos, la Policía incautó dinero en efectivo, una computadora portátil y cuatro celulares.
Una familia del barrio Las Flores quedó bajo investigación en Corrientes por la presunta administración de una red de apuestas online sin autorización oficial. En una serie de allanamientos simultáneos, la Policía secuestró cerca de 8 millones de pesos en efectivo, además de dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre el funcionamiento de la actividad.
El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III y fue ordenado por el Juzgado de Garantías, a cargo de Martín Vega, en el marco de una causa impulsada por el fiscal Oscar Cañete.
Allanamientos y secuestro de dinero
Los procedimientos se realizaron de manera coordinada en distintas viviendas bajo sospecha. Según fuentes de la investigación, el dinero estaba distribuido entre dos de los domicilios allanados.
Además de los aproximadamente $8 millones, los efectivos secuestraron una computadora portátil y cuatro teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar cómo funcionaba el sistema de apuestas, establecer el alcance de la presunta red y rastrear las transacciones realizadas.
Cuatro integrantes de una misma familia
Durante los procedimientos fueron identificados los principales sospechosos: tres mujeres y un hombre, todos pertenecientes a una misma familia.
Los investigadores buscan determinar si estas personas administraban y organizaban el sistema de juego online por fuera de los canales habilitados legalmente.
En el despliegue también participó el Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Unidad Regional III, bajo la supervisión del director de esa dependencia, el comisario mayor Juan Ramón Lima.
Qué dice la legislación sobre el juego clandestino
La investigación se encuadra en el artículo 301 bis del Código Penal, que establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente de los organismos competentes.
Por disposición judicial, los cuatro involucrados fueron demorados para su identificación y, luego de las notificaciones correspondientes, recuperaron la libertad. Sin embargo, continúan vinculados a la causa mientras avanzan las medidas investigativas.