El regreso a las aulas tras el receso invernal expone una de las fracturas sociales y políticas más complejas para la gestión del gobernador Leandro Zdero. Este lunes 3 de agosto, la Provincia del Chaco se paraliza con un paro provincial docente sin asistencia a los lugares de trabajo y concentraciones en las plazas centrales de cada localidad a partir de las 18:00 horas.
Lo que comenzó como un reclamo salarial sectorial hoy amenaza con convertirse en un factor de desgaste político irreversible para la gestión provincial en la proyección hacia las elecciones de 2027.
Un frente sindical unificado y la presión en las calles
La medida de fuerza, que cuenta con la adhesión de las doce entidades sindicales del arco gremial docente ATECH, UTRE CTERA, SADOP, Federación SITECH, AMET, UDA, ACHABI, SECH, FIUD, ADOCH, SITECH Sudeste y FESIDOCH—, responde a la falta de respuestas oficiales frente a la pérdida de poder adquisitivo y el desfinanciamiento del sistema educativo pública.
Entre las principales exigencias al Ejecutivo provincial se destacan:
- Convocatoria a la Comisión de Política Salarial: Exigencia de apertura inmediata de la mesa de negociación.
- Pago de la cláusula gatillo adeudada: Cumplimiento de la actualización salarial dispuesta por la Ley 647 E (Estatuto del Docente).
- Blanqueo salarial y recuperación institucional: Cese de sumas no remunerativas y defensa irrestricta de la obra social InSSSeP y de la caja previsional provincial.
- Reclamos al Gobierno Nacional: Restitución del FONID, paritaria nacional y rechazo al proyecto de «Libertad Educativa» y las reformas previsionales.
La trastienda de la crisis: la deuda de las cinco cláusulas gatillo
Más allá de la convocatoria sindical, la tensión en las bases docentes ha alcanzado un punto crítico debido a la acumulación de deudas salariales. Según coinciden referentes del sector y trabajadores de la educación, el Gobierno provincial adeuda cinco actualizaciones trimestrales de la cláusula gatillo (junio, septiembre y diciembre de 2025, sumadas a marzo y junio de 2026).
Esta interrupción de los ajustes por inflación representa una pérdida real de entre el 40% y el 50% en los haberes, ubicando a la gran mayoría de los educadores por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Para un cargo testigo de nivel inicial con 10 años de antigüedad, el retroactivo adeudado asciende a más de 6,4 millones de pesos, lo que ha generado un estrangulamiento financiero caracterizado por el sobreendeudamiento con el Nuevo Banco del Chaco, el agotamiento de márgenes en tarjetas de crédito y el recurso recurrente a financieras privadas.
Costo político y contradicciones del discurso oficial
El descontento se agrava al contrastar la situación de las escuelas con el gasto público provincial. Desde las bases docentes señalan que, mientras los establecimientos educativos deben recurrir a bingos, rifas y ventas de pollos para autofinanciar la compra de tizas, registros y mantenimiento edilicio básico, el Ejecutivo provincial destina sumas multimillonarias —estimadas en más de 37.000 millones de pesos— a pauta publicitaria oficial.
El malestar político se profundiza por el giro discursivo de Zdero, quien en su etapa legislativa e inicial de gestión se embanderaba con la defensa irrestricta de la cláusula gatillo y hoy enfrenta la acusación de haber desmantelado dicho mecanismo de protección salarial.
El dilema hacia el 2027: entre el descuento y la resistencia de base
Aunque el Gobierno provincial ha implementado una política de descuentos severos y la aplicación estricta del presentismo para desincentivar las medidas de fuerza, el conflicto ha comenzado a mutar en nuevas formas de protesta interna:
- Concientización comunitaria: Asambleas en salas de profesores, exposición pública de recibos de sueldo y diálogo directo con los tutores para visibilizar la situación económica.
- Efecto contagio en el sector público: La crisis docente impacta de lleno en el consumo comercial local de los municipios y se alinea con el descontento de otros sectores estatales como salud pública, policía y administración central.
Con un escenario económico que prevé una inflación acumulada sin compensación real para la segunda mitad del año, el conflicto docente deja de ser una disputa gremial coyuntural para asentarse como una variable central en el tablero político chaqueño. De no mediar un canal de solución estructural, la fractura con la comunidad educativa perfila un alto costo político de cara a la contienda electoral de 2027.
