El drama de Rafael Álvarez, un pequeño productor chaqueño que expone la desidia oficial, denuncia negociados con tierras fiscales y exige una respuesta urgente al gobernador Leandro Zdero.
En la provincia del Chaco, la tierra productiva parece tener dueños lejanos mientras quienes la trabajan de sol a sol enfrentan la amenaza latente de quedar en la calle. Es la historia de Rafael Álvarez, un pequeño productor e hijo de productores que, tras 18 años de asentamiento ininterrumpido en la Parcela 80 de la Colonia El Cacique (jurisdicción de Colonia Elisa), destapó un escándalo mayúsculo que apunta directamente al Instituto de Colonización y a la administración del gobernador Leandro Zdero.
Lejos de los despachos climatizados y de las oficinas públicas, la rutina de Álvarez comienza todos los días a las 5:00 de la mañana. En ese lote fiscal, levantó su hogar, instaló su cocina, armó su huerta, desarrolló galpones para la crianza de porcinos y aves, y lleva adelante una producción agropecuencia de subsistencia. No pide subsidios ni planes: paga religiosamente el servicio de energía eléctrica a su nombre y, ante el abandono estructural del Estado en las zonas rurales, hasta debió invertir en tecnología satelital (Starlink) para lograr conectividad y poder visibilizar su desesperación.
Sin embargo, todo ese esfuerzo de casi dos décadas corre peligro por lo que califica como un negociado espurio.
El revés administrativo: tierras chaqueñas para gente de afuera
El núcleo de la denuncia expone una contradicción insostenible. A pesar de contar con su respectivo acta de ocupación y de haber peregrinado durante 18 años por pasillos estatales habiendo transitado ya por tres gestiones distintas al frente del organismo de tierras, el Instituto de Colonización le otorgó la escrituración de la parcela a una persona oriunda de la provincia de Corrientes.
«¿A quién se le da las tierras fiscales? ¿Se negocia con los de otras provincias con la tierra del Chaco?», cuestionó Álvarez en un duro video difundido a través de la diputada provincial Pili Jarenko, dirigido tanto al gobernador Zdero como a la titular del Instituto de Colonización, Marilyn Canata, a quien asegura haberle enviado múltiples pruebas de su arraigo sin obtener respuestas satisfactorias.
La situación choca frontalmente contra el espíritu de la Ley Provincial 2913 (régimen de tierras fiscales), la cual estipula de manera clara que la prioridad absoluta debe ser el arraigo rural, destinando los lotes a los productores locales, hijos de colonos y a quienes habitan y explotan efectivamente la tierra.
Entre la indignación y el límite de la desesperación
El reclamo de Álvarez expone el desamparo al que se enfrentan las economías regionales y los pequeños productores frente a la burocracia y la posible especulación con los dominios públicos. Con un tono que oscila entre la angustia y la firmeza, el productor advirtió sobre las consecuencias de dejar a las familias rurales a la deriva:
«Nosotros lo que apoyamos es con la herramienta de trabajo, con un machete, una azada, una pala… ¿Qué tengo que hacer, señor gobernador? ¿Tener que salir de acá a la calle, tener que apoyar un arma, matar a un anciano o a un niño? Yo quiero seguir siendo una persona honesta y vivir de mi trabajo».
El pedido hacia la Casa de Gobierno es terminante: exige que se declare la nulidad de la escrituración mal otorgada a favor de personas ajenas a la provincia, que se avance de manera urgente con la adjudicación en venta a su favor tal como le corresponde por ley tras 18 años de posesión pacífica y productiva y reclama una audiencia presencial con el gobernador Zdero para constatar in situ el trabajo que realiza de sol a sol.
Mientras tanto, el caso desnuda las fallas estructurales de un Estado provincial que parece mirar hacia otro lado mientras los verdaderos productores chaqueños quedan a merced de escritorios lejanos y negocios inmobiliarios rurales.