El Ejecutivo provincial puso en marcha una nueva maniobra de maquillaje presupuestario bajo el disfraz de una «recomposición». Con el argumento de la sostenibilidad financiera, el gobierno anunció un esquema que, en los papeles, busca aliviar el bolsillo, pero que en la letra chica profundiza la precarización del ingreso de los trabajadores estatales.
Mucho ruido y pocas nueces: el salario que no se recompone
La estrategia es clara y preocupante: casi la mitad del «esfuerzo» fiscal anunciado se canaliza a través de sumas no remunerativas y no bonificables. Al entregar bonos de $100.000 para activos y $80.000 para jubilados que se pagarán en julio y octubre, el gobierno evita lo que realmente debería hacer: blanquear el salario.
Al no integrar estos montos al básico, el Estado se asegura dos cosas: que el dinero no impacte en el aguinaldo ni en los futuros aumentos, y que no se realicen aportes jubilatorios. Es, en esencia, una transferencia que calma la urgencia del día a día, pero que deja a los trabajadores con una estructura salarial estancada y sin futuro frente a la inflación.
Un aumento a cuentagotas que le gana la carrera la inflación
Como si esto fuera poco, la «recomposición» permanente es apenas un magro 10%, y para hacerlo más ineficiente, lo fragmentaron en dos cuotas: un 5% en agosto y otro 5% recién en noviembre.
En un escenario donde los precios siguen escalando, aplicar un aumento tan exiguo y, encima, postergar su aplicación total hasta casi fin de año es, lisa y llanamente, una forma de licuación de salarios. Para cuando llegue la segunda cuota en noviembre, el poder adquisitivo habrá sido nuevamente devorado por el costo de vida.
Divide y reinarás: el impacto dispar en áreas críticas
El gobierno también decidió aplicar subas en conceptos específicos para Educación, Salud y Seguridad. Si bien es un reconocimiento a sectores esenciales, no deja de ser una forma de evitar la discusión de fondo sobre el salario básico docente, médico o policial. Al depender de bonificaciones particulares y no de un aumento al básico general, se profundizan las asimetrías y se fragmenta la estructura de ingresos dentro de la administración pública.
La verdad detrás del anuncio
Este esquema, presentado como un «alivio», es en realidad un techo a la recomposición real. El gobierno provincial prioriza inyectar liquidez transitoria mediante bonos para evitar compromisos presupuestarios a largo plazo.
Mientras los funcionarios se jactan de su «responsabilidad financiera», la realidad es que el trabajador estatal queda preso de un esquema donde el ingreso estructural se desmorona. Un alivio que dura un suspiro, pero que deja las mismas carencias de siempre.
