La medida alcanzaría a prestaciones que el Ejecutivo considera irregulares, luego de revisar un padrón de más de 1,1 millones de beneficiarios. La decisión se enmarca en los controles sobre las pensiones por invalidez y el debate por la Ley de Discapacidad.
El Gobierno nacional evalúa dar de baja alrededor de 20.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras detectar presuntas irregularidades en las auditorías realizadas sobre las prestaciones. La medida se encuentra bajo análisis y su alcance definitivo dependerá de las decisiones administrativas que se formalicen.
La revisión se produce después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a un proyecto vinculado con el sistema de discapacidad, que deberá continuar su tratamiento en el Senado.
Según la información difundida, los expedientes seleccionados presentarían inconsistencias que podrían impedir que sus titulares continúen percibiendo el beneficio. No obstante, cada caso requiere una evaluación particular y el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.
Qué busca el Gobierno con las auditorías
La administración nacional sostiene que el objetivo de los controles es verificar que las prestaciones lleguen a las personas que cumplen los requisitos legales y evitar pagos indebidos.
La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral está destinada a personas que cumplen determinadas condiciones de incapacidad laboral y vulnerabilidad económica. Para acceder al beneficio, se requiere documentación médica respaldatoria y una evaluación de las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Desde el Gobierno aseguran que la revisión apunta a identificar beneficios otorgados o mantenidos de manera irregular. Sin embargo, las sospechas de irregularidades no constituyen por sí mismas una comprobación de fraude: las eventuales bajas deben sustentarse en las pruebas correspondientes.
Las revisiones comenzaron en 2024
El proceso de auditoría de las pensiones por invalidez comenzó en 2024, cuando el Gobierno anunció una revisión integral de las prestaciones en todo el país para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y detectar posibles anomalías.
Durante 2025 continuaron las citaciones a beneficiarios para que presentaran estudios médicos y documentación respaldatoria. El procedimiento contempló evaluaciones individuales para comprobar si cada persona reunía las condiciones exigidas.
Las suspensiones aplicadas durante ese proceso generaron reclamos y presentaciones judiciales. En algunos casos, se dispusieron medidas para restablecer pagos suspendidos mientras se resolvían las controversias.
El debate por la Ley de Discapacidad
La posible baja de las 20.000 prestaciones se conoce mientras avanza en el Congreso el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad, que obtuvo media sanción en Diputados y debe ser tratado por el Senado.
El debate legislativo involucra el financiamiento de las prestaciones, las condiciones de acceso y la sostenibilidad del sistema. También plantea la necesidad de compatibilizar los controles estatales con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La auditoría no equivale a la eliminación general de las pensiones. El planteo oficial apunta a revisar casos específicos en los que se presume que no se cumplen los requisitos, aunque el alcance definitivo dependerá de las decisiones administrativas que se adopten.
La Fundación METAS, bajo la lupa
Las auditorías también alcanzan a instituciones que recibieron fondos públicos para brindar servicios vinculados con la discapacidad.
Uno de los casos mencionados en las publicaciones periodísticas es el de la Fundación METAS, ubicada en La Reja, partido bonaerense de Moreno. Según la información difundida, la entidad habría facturado más de 6.200 millones de pesos entre 2017 y 2025 por servicios de apoyo a la integración escolar, pese a que durante inspecciones se habrían constatado condiciones de abandono en sus instalaciones.
Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos sobre los mecanismos de control de los recursos públicos destinados al sector. Las irregularidades atribuidas a una institución deben analizarse por separado y no implican que los beneficiarios individuales de las pensiones hayan cometido fraude.
La investigación judicial en la ANDIS
El proceso de revisión también se desarrolla en medio de la causa judicial por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El extitular del organismo, Diego Spagnuolo, fue investigado en una causa vinculada con presuntas irregularidades en contrataciones públicas del área farmacéutica. La investigación judicial y las auditorías de pensiones son procedimientos diferentes, aunque ambos forman parte del debate sobre la administración y el control de los recursos destinados a la discapacidad.
Por el momento, la eventual baja de unas 20.000 prestaciones requiere confirmación oficial. La aplicación de cualquier recorte