El Senado analizará un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad privada y establecer nuevas reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La iniciativa también introduce cambios en materia de desalojos, expropiaciones y ocupaciones de inmuebles.
El proyecto, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será tratado en una sesión prevista para el jueves junto con otros temas, entre ellos pliegos judiciales. La discusión había sido postergada en dos oportunidades debido a la falta de acuerdos políticos y de quórum.
Nuevas reglas para la compra de campos
Uno de los puntos centrales de la iniciativa modifica el régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta establece que las provincias tendrán un rol clave en la autorización de estas operaciones dentro de sus territorios.
En el caso de las zonas de frontera, la compra de inmuebles rurales requerirá la aprobación conjunta del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente. Además, los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán adquirir tierras salvo que obtengan ambas autorizaciones.
El proyecto también incorpora la figura del silencio administrativo. Si transcurren 180 días sin objeciones por parte de las autoridades nacionales o provinciales, la operación podrá avanzar y el comprador accederá a la propiedad del inmueble.
Cambios en desalojos y alquileres
La iniciativa contempla además un procedimiento más ágil para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. En esos casos, un juez podrá ordenar la restitución inmediata de la propiedad, siempre que el titular acredite documentalmente su derecho sobre el bien.
La propuesta fija un plazo de 72 horas para que los ocupantes entreguen el inmueble una vez emitida la intimación judicial. En materia de alquileres, establece que, ante una deuda por falta de pago, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar al inquilino un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación antes de avanzar con otras medidas.
