La Fiscalía acusó a Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, creadores del proyecto digital El4tico, por presunta propaganda contra el orden constitucional, difamación e instigación a delinquir. Ambos permanecen en prisión preventiva tras publicar videos críticos del Gobierno cubano.

La Fiscalía de Cuba solicitó penas de hasta 10 años de prisión para Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, fundadores del proyecto digital El4tico, conocido por sus videos en redes sociales en los que cuestionaban al Gobierno y denunciaban la crisis que atraviesa la isla.
Según documentación judicial a la que tuvo acceso el diario EL PAÍS, el fiscal Fernando Sera Planas formalizó la acusación contra ambos por tres delitos: propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires, e instigación a delinquir.
El pedido contempla ocho años de cárcel para Medina y diez para Zayas. La acusación sostiene que los creadores difundían contenidos contrarios al sistema político cubano y alentaban a la población a rechazar el orden constitucional.
Detenciones durante un operativo policial
Ernesto Ricardo Medina fue detenido el viernes 6 de febrero, durante un procedimiento realizado a primera hora de la mañana en su vivienda de Holguín, en el oriente de Cuba. Según el relato de su esposa, Doris Santiesteban, los agentes ingresaron con una orden de registro, se llevaron equipos electrónicos y trasladaron al joven en una patrulla.
De acuerdo con la publicación, su compañero Kamil Zayas fue detenido aproximadamente en el mismo momento. El 11 de febrero se dispuso la prisión preventiva para ambos.
Los dos amigos utilizaban una habitación de la casa de Medina para producir videos breves en los que abordaban la situación económica y social del país y cuestionaban a las autoridades. El proyecto había alcanzado más de 140.000 seguidores en redes sociales.
La acusación por sus publicaciones
En el escrito fiscal, fechado el 15 de septiembre, se sostiene que los acusados crearon El4tico para difundir sus posiciones políticas e incentivar a otras personas a compartirlas. La Fiscalía considera que parte de sus publicaciones promovía el rechazo al sistema político y cuestionaba a los principales dirigentes del país.
Entre las pruebas propuestas para el juicio figuran dos DVD con fragmentos de los videos publicados por los jóvenes, además de testimonios de un funcionario municipal, un vecino y un capitán de la Seguridad del Estado.
La acusación también menciona presuntos aportes económicos recibidos desde el exterior, de entre cinco y 200 dólares, y señala a varias personas vinculadas con el activismo cubano. Sin embargo, el propio documento reconoce que no se logró identificar a los supuestos donantes.
Cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos
El abogado cubano Alain Espinosa, integrante de la organización Cubalex, cuestionó la interpretación de los delitos imputados y sostuvo que la referencia al financiamiento extranjero puede utilizarse para criminalizar las expresiones críticas al Gobierno.
Espinosa también advirtió que la figura de propaganda contra el orden constitucional podría aplicarse de manera amplia para imponer sanciones más severas a quienes cuestionan el sistema político.
La causa se suma a las denuncias sobre procesos judiciales contra activistas y voces críticas en Cuba. Mientras avanza el expediente, las familias de los acusados esperan la definición de la Justicia y expresan preocupación por las posibles condenas.