El diputado provincial criticó la exposición del ministro de Hacienda ante la comisión que analiza el Presupuesto 2027. Puso el foco en el crecimiento de la deuda con Nación, la pauta salarial, las obras públicas y las proyecciones económicas.
El diputado provincial Santiago Pérez Pons cuestionó la presentación del ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, ante la comisión de la Legislatura que analiza el Presupuesto 2027. Según el legislador, el funcionario se limitó a leer el mensaje de elevación del proyecto y no respondió las preguntas formuladas por los diputados.
“Abraam vino a esconder la deuda: la cuadruplicaron y no se animó a explicar por qué”, expresó Pérez Pons, quien sostuvo que las consultas estuvieron centradas en cifras incluidas en el propio presupuesto.
Uno de los puntos señalados por el legislador fueron las proyecciones macroeconómicas del proyecto, que contempla una inflación del 18% y un crecimiento económico del 4%. Según indicó, esas estimaciones se ubican por encima de las expectativas del mercado relevadas por el REM del Banco Central, que proyectan una inflación del 21% y un crecimiento inferior al 3%.
También puso en duda la previsión de un aumento del 30% en la recaudación provincial, en un contexto que describió como de caída del 9,8% de la actividad económica en dos años. “¿Van a subir impuestos? ¿Esperan un milagro en la actividad? Nadie lo explicó”, cuestionó.
Pérez Pons advirtió, además, que el superávit proyectado de 56.080 millones de pesos podría desaparecer ante una desviación de apenas el 1% en los recursos. A esto sumó la previsión de 50.000 millones de pesos provenientes de ANSES para la caja previsional, fondos que, según afirmó, no llegaron durante 2026.
Cuestionamientos por los salarios estatales
Otro de los ejes de la crítica fue la pauta salarial prevista para el próximo año. El diputado señaló que la masa salarial crecería un 16%, frente a una inflación promedio estimada del 21%.
De acuerdo con su análisis, el crédito presupuestario permitiría aumentos del 17% para Educación y del 12,5% para Seguridad. En ese sentido, aseguró que pidió precisiones sobre los porcentajes previstos para cada escalafón, los cronogramas de actualización y la ausencia de una cláusula vinculada a la inflación.
El legislador también cuestionó la comparación oficial sobre la evolución del salario docente. Según sostuvo, el mensaje presupuestario informa un incremento del 280% frente a una inflación del 240%, pero toma como punto de partida enero de 2024 y deja afuera diciembre de 2023, mes en el que la inflación fue del 25,5%.
Además, afirmó que un policía percibe actualmente el equivalente a 71 de cada 100 pesos que cobraba en octubre de 2023, de acuerdo con el cálculo que presentó.
Obras públicas y distribución a los municipios
Pérez Pons también apuntó contra la distribución territorial de las obras. Indicó que el 46% del Plan de Obras 2027, equivalente a 240.290 millones de pesos, no tiene una localización especificada.
Asimismo, denunció que el 86% de los fondos asignados a municipios se destinaría a localidades gobernadas por intendentes oficialistas y que 23 de los 38 municipios administrados por el PJ no tendrían obras previstas.
“Le preguntamos con qué criterio se reparte. No hay criterio: hay conveniencia política”, afirmó.
En relación con la ejecución de las obras, recordó que durante 2025 se habría ejecutado el 40% de los fondos previstos y que en 2026 el nivel alcanzaría el 70%. Por eso, puso en duda que pueda concretarse la inversión de 546.866 millones de pesos anunciada para 2027.
La deuda con Nación, en el centro de la polémica
El principal cuestionamiento del diputado estuvo dirigido al crecimiento de la deuda provincial. Según los datos que atribuyó a los informes presentados por Chaco ante el régimen de Responsabilidad Fiscal, los compromisos con el Estado nacional pasaron de 103.845 millones de pesos en diciembre de 2025 a 474.191 millones en agosto de 2026.
“Más del cuádruple en ocho meses”, remarcó.
El legislador reclamó explicaciones sobre las operaciones que provocaron ese incremento y sobre el destino y registro de los 400.000 millones de pesos en anticipos de coparticipación que, según indicó, recibió la provincia durante este año.
También pidió detalles del convenio REOR, entre ellos la tasa de interés, los mecanismos de actualización, los plazos, las garantías y el cronograma de devolución. Además, preguntó si se comprometieron recursos de coparticipación y si intervinieron el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
A esos interrogantes sumó el artículo 15 del proyecto, que eleva el límite para la emisión de letras de 140.000 millones a 300.000 millones de pesos, y la previsión de 276.237 millones de pesos de financiamiento bajo el concepto de “otras cuentas por pagar”.
“¿Es atraso con proveedores? ¿Cuánto se les debe hoy a proveedores y contratistas? Tampoco lo sabemos”, planteó.
Al cierre, Pérez Pons sostuvo que su bloque no acompañará el proyecto sin contar con explicaciones sobre las cifras y las decisiones financieras previstas. “No vamos a votar a ciegas. Queremos que los números se cumplan, que la obra llegue a todos los municipios y que el ajuste no lo paguen otra vez los trabajadores”, concluyó.