El organismo solicitó a la Justicia que garantice los derechos de reunión, petición y libertad de expresión de los allegados al joven desaparecido. La presentación fue realizada ante el Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó una solicitud formal y urgente ante el Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia para que se adopten medidas destinadas a garantizar los derechos constitucionales de los familiares y allegados de Axel Alejandro González, cuya desaparición continúa siendo investigada por la Justicia.
La presentación fue realizada en el marco del expediente N° 15708/2026-1, caratulado “Gómez, María Inés s/ Denuncia Desaparición de Persona”, y lleva la firma del presidente del organismo, Darío Edgardo Gómez, la vicepresidenta Romina Albana Duarte, junto al patrocinio legal de la Dra. Victoria Manuela González y el Dr. Guillermo Oscar Alberto Cuellar.
Según se informó, el pedido surge a raíz de un episodio ocurrido el pasado 30 de mayo en la ciudad de Resistencia, cuando familiares y allegados de Axel González realizaban una caminata pacífica para colocar afiches solicitando información sobre el paradero del joven.
De acuerdo con la presentación judicial, al pasar por las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador, los manifestantes habrían sido interceptados por efectivos policiales que conformaron un cordón de seguridad que les impidió avanzar por la vereda.
El Comité sostuvo que, conforme al análisis del material audiovisual incorporado como prueba, no se registraron alteraciones del tránsito ni del orden público, y que las personas participantes entre ellas menores de edad no representaban riesgo para terceros.
Solicitud a la Policía del Chaco
Ante esta situación, el organismo requirió que la Justicia ordene expresamente a la Policía del Chaco abstenerse de realizar acciones que puedan interpretarse como intimidatorias o de hostigamiento contra familiares y allegados de Axel González durante manifestaciones pacíficas, marchas o actividades de visibilización.
Entre las medidas solicitadas se encuentran el cese de prácticas como interceptaciones, seguimientos, individualizaciones intimidatorias, registros o filmaciones sin justificación legal estricta, así como cualquier otra intervención que pueda afectar el ejercicio de derechos constitucionales.
Fundamentación legal
La presentación cita diversas normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, se invocan los estándares establecidos por el Protocolo de Minnesota, que establece criterios para investigaciones independientes y eficaces en casos de desaparición, garantizando además la protección de familiares y víctimas frente a posibles situaciones de revictimización.
El organismo también mencionó la Ley Nacional N° 27.372, la Ley Provincial N° 3438-J y la Ley Provincial N° 2399-J, normativas que reconocen el derecho de las víctimas a recibir protección frente a represalias y regulan la actuación policial bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Preocupación por posibles actos intimidatorios
Desde el Comité remarcaron la especial sensibilidad institucional del caso y señalaron que cualquier acción que pueda interpretarse como intimidatoria resulta particularmente grave en una investigación donde existen distintas líneas de análisis y medidas judiciales en curso.
En ese contexto, sostuvieron que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la protesta pacífica y para que familiares y allegados puedan reclamar información, verdad y justicia sin sufrir restricciones indebidas.
Como parte de la presentación judicial, el organismo incorporó capturas de pantalla y enlaces a material audiovisual relacionado con los hechos denunciados, que ahora serán evaluados por las autoridades competentes.}
Litigio
