Jonathan Roa, actual gerente comercial de Sameep y referente político local, violó una restricción perimetral e irrumpir en el trabajo de su ex pareja. El acta oficial desmiente intentos de ocultamiento: quedó imputado por desobediencia judicial.
Una verdadera bomba política y judicial sacude los cimientos institucionales de Barranqueras. En la noche del viernes, la carrera del flamante presidente electo del comité local de la Unión Cívica Radical (UCR) y actual gerente comercial de la empresa estatal Sameep, Jonathan Brian Emanuel Roa (38), sufrió un colapso definitivo tras ser aprehendido por las fuerzas de seguridad, imputado por el delito de Desobediencia Judicial en un contexto de violencia de género.
El escándalo estalla en el momento de mayor vulnerabilidad para el armado político del oficialismo provincial en la localidad: Roa tenía previsto asumir formalmente la conducción del espacio radical local, posicionándose además como una de las cartas fuertes del sector para disputar la intendencia de la ciudad portuaria.
Persecución en el ámbito laboral
Según consta de manera irrefutable en el Expediente Nº 130/91-1643-E/26 de la Policía Judicial, tramitado ante la Comisaría de Puerto Vilelas, el detonante no ocurrió en el ámbito privado, sino en pleno espacio público y laboral. Durante la mañana del viernes, la ex pareja del funcionario una mujer de 33 años cuya identidad se resguarda por razones de protección legal fue alertada por compañeros de trabajo sobre la presencia intimidante de Roa en el galpón de «Desarrollo Social», ubicado en el Parque Industrial.
La irrupción de Roa hizo saltar todas las alarmas judiciales. Sobre el dirigente pesaba la Resolución Nº 826 del Juzgado de Faltas de Barranqueras, que le imponía una restricción perimetral absoluta, prohibición de acercamiento y el cese inmediato de hostigamientos tras una denuncia previa que tramita ante la Fiscalía de Género Nº 11. Ante la vulneración de su seguridad, y con el respaldo de las cámaras de videovigilancia del predio industrial que registraron el hecho, la víctima acudió de urgencia a la fiscalía para accionar penalmente. En su declaración, describió un calvario de nueve años de relación signados por violencia física, psíquica, verbal y económica.
El mito del ocultamiento y la realidad del expediente
El caso estuvo rodeado de versiones cruzadas en los pasillos del poder local. Mientras que los primeros rumores sugerían un presunto intento de desviar el procedimiento o evitar los registros administrativos en la jurisdicción de Barranqueras para proteger la figura del dirigente zderista, el documento oficial de la Policía del Chaco echa luz sobre la maniobra.
Acorralado por la orden de detención emitida por la Fiscal de Género en turno, Dra. María Benítez, Roa se presentó de manera voluntaria a las 20:15 horas en la Comisaría Segunda de Fontana en un intento de contener el impacto y resolver su situación legal. Desde allí, fue trasladado de inmediato a la dependencia de Puerto Vilelas, donde finalmente se completaron los registros, las planillas prontuarias de la Dirección de Antecedentes Personales (D.A.P.) y se formalizó la aprehensión.
Tras ser notificado de las actuaciones criminales en su contra, la magistratura interviniente dispuso su libertad supeditada. Esto significa que el funcionario continuará el proceso penal formalmente imputado y bajo una severa advertencia: cualquier nuevo acercamiento a la víctima derivará en su detención inmediata y efectiva.
Terremoto en el oficialismo
La detención de Roa quiebra el escenario político de Barranqueras. El caso expone una severa contradicción institucional: un funcionario con alto cargo en una empresa pública del Estado y líder de un partido político que, de manera simultánea, desobedece las órdenes del Poder Judicial en una causa de violencia contra las mujeres.
Con los registros fílmicos asegurados y un sumario judicial en plena marcha, el futuro de Roa en la función pública y dentro de la estructura partidaria de la UCR pende de un hilo, abriendo un profundo debate sobre la idoneidad y los límites éticos de la representación política en la provincia.
