Mientras los casos de desapariciones y el flagelo de la trata siguen golpeando al norte argentino ante la alarmante pasividad o complicidad de sectores del poder político, la Legislatura de Chaco sintió la presión social. Este 18 de junio de 2026, ingresó formalmente un proyecto de ley clave que busca ponerle un freno a la desidia e institucionalizar la búsqueda activa de los sectores más vulnerables.
La iniciativa, registrada con el sello oficial de la Mesa de Entradas bajo el número L 1378 (Folio N° 1), exige la creación de la Comisión Legislativa Permanente de Búsqueda, Investigación, Intervención Institucional y Control de Casos de Personas Desaparecidas.
Un freno a la impunidad y al desvío de investigaciones
A diferencia de los parches temporales a los que acostumbra el poder de turno, el texto del proyecto establece un órgano de carácter permanente dentro de la Cámara de Diputados chaqueña. El objetivo es explícito: estudiar, monitorear, coordinar y evaluar de forma urgente y directa las acciones del Estado ante la desaparición de personas dentro del territorio provincial (Artículo 2°).
El articulado expone la urgencia de blindar los derechos humanos, basando sus funciones en la Constitución Nacional, la provincial y los tratados internacionales contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 3°). En momentos donde el desvío de pistas y el encubrimiento institucional suelen ganar tiempo en favor de los delincuentes, este proyecto busca que el Poder Legislativo tenga herramientas reales de fiscalización y control institucional.
El mapa del desamparo que el proyecto busca abarcar
El Artículo 4° de la norma es una radiografía del dolor y de los delitos complejos que el entramado mafioso ejecuta en la región. La Comisión tendrá competencia directa en situaciones críticas que las comisarías locales suelen cajonear o dilatar:
- Desapariciones forzadas y extravíos en democracia.
- Redes de trata de personas.
- Casos de violencia institucional vinculada a desapariciones.
- Desaparición de niños, niñas y adolescentes, el eslabón más desprotegido del sistema.
Además de la búsqueda activa, la iniciativa plantea un eje fundamental de reparación y trinchera comunitaria: el acompañamiento y protección integral de los familiares de las víctimas, quienes históricamente terminan cargando sobre sus hombros las investigaciones ante la inacción de las fiscalías y la policía local. Con el proyecto ya en mesa de entradas, ahora la pelota está del lado de los legisladores, quienes deberán decidir si dan el debate urgente o si eligen mirar para otro lado.
