Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas acciones irregulares que habrían distorsionado el funcionamiento del INDEC.
La presentación judicial se fundamenta en la decisión oficial de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que ya estaba listo para implementarse desde enero. Según detalló Strada en su cuenta de la red social X, la denuncia fue radicada “por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”.
De acuerdo con la legisladora, el ministro “incurrió en irregularidades varias”, entre ellas ordenar que se mantenga el cálculo del IPC basado en componentes considerados desactualizados. Señaló que en octubre de 2025 el organismo estadístico había resuelto aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026, pero que la decisión de postergarla —reconocida públicamente por el propio funcionario— tendría como objetivo diferir el impacto de la recomposición tarifaria sobre los precios al consumidor.
Para la diputada, se trataría de una conducta que evidenciaría abuso de autoridad. Además, advirtió que la presunta manipulación del instrumento de medición estadístico tendría consecuencias sociales, económicas y políticas relevantes, ya que el índice inflacionario incide directamente en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en negociaciones colectivas de acuerdos paritarios tanto públicos como privados.
Strada también remarcó que el ministro publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció diferencias en los resultados del IPC según la metodología aplicada e incluso habría anticipado el dato correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial. Según la denuncia, esto configuraría una violación del secreto estadístico previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622.
La legisladora subrayó que el IPC constituye uno de los indicadores más relevantes del sistema estadístico nacional, ya que impacta en negociaciones salariales, actualizaciones previsionales, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y en la credibilidad macroeconómica del Estado.
En ese sentido, sostuvo que precisamente por su centralidad, el ordenamiento jurídico argentino establece un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico y prohíbe cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales. “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”, concluyó.