El Intendente de Capitán Solari, Guillermo Areco cortó en seco una maniobra de la empresa estatal que pretendía instalar infraestructura sin medidores ni responsables. El riesgo de un embargo millonario a la coparticipación y el «garrón» legal de una instalación «fantasma».
La tensión entre el municipio y los entes autárquicos provinciales sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. En una jugada que combina rigor administrativo y defensa de las arcas locales, la gestión municipal intervino un predio barrial tras detectar que la empresa energética SECHEEP montó infraestructura eléctrica eludiendo todos los protocolos de rigor.
Desde el entorno del Intendente son tajantes: «No es un desalojo, es un freno a la anarquía empresarial». El foco del conflicto no es el deporte, sino el «limbo legal» en el que la empresa estatal pretendía dejar la conexión eléctrica, una jugada que, según fuentes municipales, olía a futura deuda flotante para el Ejecutivo local.
El «garrón» de la factura sin dueño
La analogía que circula en los pasillos de la Intendencia es gráfica: «Es como si SECHEEP plantara un poste de luz en el patio de un vecino sin permiso. ¿A nombre de quién viene la factura?».
El planteo técnico es demoledor:
- Sin Medidor, no hay responsable: Al no existir un titular jurídico claro ni un medidor reglamentario, la energía consumida se convierte en una deuda acumulada que, tarde o temprano, la provincia termina descontando de la coparticipación municipal. Un «garrón» financiero que el municipio no está dispuesto a absorber para financiar desprolijidades ajenas.
- Insinuaciones de pasillo: Mientras un sector del Concejo Deliberante desliza críticas por la medida, desde el Ejecutivo responden con el Código de Faltas en la mano. «Nadie explicó quién paga la luz; ni partida municipal, ni comisión con personería. Es una bomba de tiempo», disparan desde administración.
Riesgo de juicio y «responsabilidad civil»
El otro frente es el judicial. Permitir el funcionamiento de un predio con cables «tirados por la ventana» por una empresa estatal deja al Intendente en la línea de fuego de una demanda penal.
Sin un Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y planos aprobados, cualquier accidente un incendio o una descarga derivaría en un juicio millonario contra el municipio por omisión de control. «Si pasa algo, la empresa estatal se lava las manos y el juicio lo paga el pueblo», explican abogados constitucionalistas consultados por este medio.
La orden es clara: transparencia o clausura. El municipio exige que SECHEEP presente los protocolos correspondientes y que se asigne un responsable de pago. Hasta entonces, la política de «hechos consumados» de la empresa provincial encontró un límite en la gestión local.