El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores, en medio de cuestionamientos políticos y judiciales por posibles irregularidades en su asignación.
Durante una entrevista televisiva, Caputo sostuvo que la operatoria es “legal y moral” y afirmó que él mismo incentivó a integrantes del Gobierno a acceder a estos préstamos. “Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”, expresó, al tiempo que consideró que se trata de “una oportunidad única” que incluso “le conviene al país”.
El funcionario intentó despejar dudas sobre eventuales ventajas en la adjudicación de los créditos, señalando que no existieron privilegios para quienes accedieron a ellos. “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”, afirmó, y agregó que es habitual que los préstamos se gestionen a través del Banco Nación, donde los funcionarios perciben sus haberes.
Dentro del listado de beneficiarios mencionados aparecen funcionarios del propio entorno económico, como Federico Furiase, Felipe Núñez y Juan Pedro Inchauspe, quienes habrían acumulado préstamos por montos cercanos a los mil millones de pesos en conjunto.
En paralelo, Caputo también respondió sobre la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien es objeto de investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio y viajes. El ministro relativizó las acusaciones y sostuvo que se trata de una “guerra” mediática contra el Gobierno. “Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, afirmó.
El caso generó repercusiones en el ámbito político y judicial. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia solicitando investigar posibles delitos como “tráfico de influencias” en la asignación de los créditos, mientras que el diputado Esteban Paulón pidió informes al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo para determinar si hubo irregularidades en los procesos de aprobación.
Según los cuestionamientos, las entidades financieras deben evaluar la capacidad de repago de los solicitantes, lo que incluiría analizar ingresos y estabilidad laboral, algo que, en el caso de funcionarios públicos, podría haber presentado inconsistencias en algunos otorgamientos.
En este contexto, el debate se instaló tanto en el plano político como judicial, con pedidos de explicaciones y revisiones sobre los mecanismos utilizados para la concesión de los préstamos y el eventual acceso a información privilegiada.