En medio de la polémica por la adquisición del departamento que habita el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la escribana Adriana Nechevenko colaboradora cercana del funcionario aportó detalles sobre la operación inmobiliaria y reconoció la existencia de un vínculo personal entre las partes involucradas.
Según explicó, la propiedad pertenece a un grupo familiar y la vinculación entre comprador y vendedores no es ajena al contexto de la transacción. En ese sentido, afirmó que el hijo de una de las propietarias mantiene una relación de amistad con el funcionario, lo que habría facilitado el contacto entre las partes. “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni”, señaló.
Nechevenko, quien aseguró conocer al funcionario desde hace más de dos décadas, defendió además la legalidad de la operación y negó que existan irregularidades en el proceso. En esa línea, sostuvo que no interviene en operaciones que presenten señales sospechosas y remarcó que, a su criterio, la transacción se encuadra dentro de parámetros habituales del mercado inmobiliario.
La escribana también justificó la mudanza en razones vinculadas a la seguridad, teniendo en cuenta la exposición pública del funcionario tras asumir su cargo en la Jefatura de Gabinete. Según indicó, el cambio de vivienda no respondió a cuestiones de lujo, sino a una necesidad operativa derivada de su rol.
En cuanto al financiamiento del inmueble, estimado en alrededor de 200 mil dólares, detalló que una parte proviene de la venta del departamento anterior del vocero y que el resto se completa mediante una hipoteca, lo que, según su descripción, configura una operatoria tradicional.
Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue su declaración respecto al origen de los fondos. Consultada sobre la trazabilidad del dinero, sostuvo que no existe obligación de justificarlo en todos los casos, lo que reavivó el debate en torno a la transparencia en las operaciones patrimoniales de funcionarios públicos.
Finalmente, confirmó que parte de la documentación ya fue presentada ante la Justicia, en el marco de un expediente que analiza la correspondencia entre los bienes declarados y los movimientos financieros del funcionario.