La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Franco Picardi solicitara al juez Ariel Lijo un total de 27 indagatorias a funcionarios y empresarios por el supuesto desvío de más de $75.000 millones en contrataciones de insumos médicos.
Según el dictamen, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría desarrollado un esquema de direccionamiento de compras que permitió beneficiar a un grupo específico de proveedores, mediante maniobras que implicaron una erogación estatal superior a los $75.478 millones.
Entre los principales apuntados figuran los funcionarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes la Justicia considera piezas clave dentro del esquema bajo investigación.
De acuerdo a la fiscalía, las operaciones incluían la adjudicación direccionada de insumos de alto costo —como prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas— destinados a personas con discapacidad o enfermedades graves.
Estos productos eran canalizados a través del Programa Incluir Salud, dependiente de la Andis, que tiene como objetivo asistir a personas en situación de vulnerabilidad sin cobertura médica. Sin embargo, la investigación sostiene que ese circuito habría sido utilizado para favorecer a determinados proveedores, en detrimento de los beneficiarios del sistema.
Entre las irregularidades detectadas se mencionan discrecionalidad en la selección de empresas, uso de información privilegiada y posibles acuerdos entre proveedores, además de la eventual participación de empresarios en decisiones internas del organismo.
La causa también alcanza a más de 20 empresarios que operaban mediante unas 30 firmas, ampliando el alcance del presunto entramado. Entre los nombres incluidos en el pedido de indagatoria figuran Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués.
Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas y la fiscalía continúa avanzando con medidas de prueba, incluyendo el análisis del circuito financiero para determinar si existieron maniobras de lavado de activos.
La investigación cuenta con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación y se mantiene en pleno desarrollo, en un expediente que pone bajo la lupa los mecanismos de contratación dentro del organismo.