La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará este miércoles una declaración clave en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Su testimonio es considerado relevante para reconstruir las condiciones en las que se concretó la operación inmobiliaria.
El fiscal busca establecer detalles sobre el estado real del inmueble al momento de la compra, el precio pactado y las condiciones de financiamiento. En la misma línea, también deberá declarar el encargado del edificio, mientras que otras testimoniales ya fueron programadas.
Entre ellas, figura la del hijastro de la otra propietaria, Leandro Milano, prevista para el 6 de mayo. Deberá aportar documentación como facturas, comprobantes de expensas y registros de eventuales mejoras realizadas en la vivienda. Además, el testimonio de un contratista vinculado a obras en una propiedad del country Indio Cuá fue reprogramado para el 4 de mayo, a pedido de la defensa.
Según consta en el expediente, las vendedoras habían adquirido el departamento por 200 mil dólares y luego lo vendieron a Adorni por 230 mil. El acuerdo incluyó un adelanto de 30 mil dólares y el resto financiado mediante una hipoteca en cuotas, actualmente bajo análisis judicial. La hipótesis que se investiga es si la operación se realizó en condiciones alejadas de los valores de mercado.
En ese contexto, la declaración de Feijoo podría aportar precisiones sobre la negociación y los términos reales del acuerdo. La escribana interviniente señaló que existía un vínculo de confianza entre las partes, lo que habría permitido establecer una hipoteca sin interés a un año.
Sin embargo, otros elementos incorporados a la causa generan dudas. Un matrimonio de martilleros que intervino en la operación aseguró haber tasado el inmueble en 345 mil dólares, una cifra considerablemente superior al valor de venta. Además, indicaron que quienes participaron en la negociación se presentaban como inversores dedicados a la compra, refacción y reventa de propiedades.
La investigación también abarca el análisis del nivel de gastos personales del funcionario y su entorno. En ese marco, se detectaron múltiples viajes, tanto dentro del país como al exterior, con destinos como Aruba, Punta Cana, Cancún y Nueva York.
Para determinar si esos movimientos son compatibles con los ingresos declarados, la Justicia solicitó informes a aerolíneas y agencias de turismo. La recolección de esos datos quedó a cargo de la División Antifraude de la Policía Federal.