El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras la designación de Ezequiel Acuña, un joven de 23 años sin experiencia en el sector, como subgerente en Nucleoeléctrica Argentina, la firma que administra las centrales nucleares del país.
El caso generó fuerte rechazo no solo por la falta de antecedentes técnicos del nombrado, sino también por el salario: más de 13 millones de pesos mensuales.
De militante digital a funcionario clave
Acuña se hizo conocido en redes sociales bajo el alias “@elpasante”, donde construyó su perfil como militante libertario y defensor del oficialismo. Sin título universitario finalizado y con estudios inconclusos, su recorrido profesional se desarrolló principalmente en el ámbito digital.
Su salto al Estado se dio en diciembre de 2023, cuando ingresó como asesor en la Cámara de Diputados dentro del bloque libertario. Luego pasó a Radio y Televisión Argentina, donde se desempeñó en el área de redes sociales en medio de un proceso de recortes y despidos.
Ahora, su desembarco en una empresa estratégica como Nucleoeléctrica marca un nuevo escalón en su rápida carrera dentro del aparato estatal.
Un nombramiento en medio del ajuste
La designación ocurre en un contexto crítico para el sector nuclear, atravesado por el freno a proyectos clave y la salida de profesionales especializados por los bajos salarios.
En ese escenario, la llegada de un perfil sin formación técnica a un cargo jerárquico alimentó la preocupación en la comunidad científica y expuso tensiones dentro del propio sistema.
Meritocracia en cuestión
El caso también puso en discusión uno de los ejes discursivos del oficialismo: la meritocracia. Acuña, que en redes sociales cuestionaba a quienes “vivían del Estado”, ahora ocupa un cargo público con un salario elevado dentro de una empresa estatal.
Las críticas apuntan no solo a su figura, sino a un esquema de designaciones políticas en áreas sensibles, donde se espera formación y experiencia específica.
Una polémica que escala
Más allá del nombre propio, el episodio reabre el debate sobre los criterios de selección en la función pública y el rumbo de sectores estratégicos como el energético.
En un contexto de ajuste y recorte, la designación de Acuña aparece como un caso que tensiona el discurso oficial con las decisiones concretas de gestión.