La gestión del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quedó en el centro de una fuerte polémica tras una serie de denuncias que advierten sobre presuntas presiones políticas a magistrados que no se alinean con decisiones del oficialismo provincial.
Las acusaciones fueron expuestas por el periodista Roberto Espinoza, quien dio a conocer distintos episodios que, según planteó, reflejan un clima de tensión creciente entre el poder político y el judicial en la provincia.
El caso Sinkovich: multa millonaria y salida del cargo
Uno de los episodios más resonantes fue el del juez Jorge Sinkovich, quien en agosto de 2025 fijó una multa diaria de 85,9 millones de pesos contra el gobierno provincial por incumplir una medida cautelar que garantizaba asistencia alimentaria y agua potable a comunidades wichí del norte chaqueño.
Tras ese fallo, el magistrado enfrentó un pedido de jury de enjuiciamiento impulsado por sectores del oficialismo, que cuenta con mayoría en el Consejo de la Magistratura. Sinkovich denunció públicamente una “persecución política” y terminó renunciando a su cargo.
En una conferencia de prensa, dejó una frase que marcó el conflicto: “Fui colgado en una plaza por el gobierno de Zdero”.
Otro fallo bajo tensión: el caso Valdocco
La tensión también alcanzó al juez Julián Flores, quien ordenó reabrir una institución educativa vinculada a la Fundación Valdocco, tras considerar ilegítima la suspensión de aportes dispuesta por el Ministerio de Educación.
El magistrado sostuvo que la medida afectaba a comunidades vulnerables y luego expresó que se sintió perseguido por el gobierno provincial a raíz de su decisión judicial.
Polémica por un mensaje en redes
El conflicto escaló aún más en marzo de 2026, cuando el juez laboral Sergio Bosch quedó en el centro de la escena tras reunirse con trabajadores que denunciaban fuertes recortes salariales.
Luego de que trascendiera el encuentro, el diputado oficialista Iván Gyöker publicó en redes sociales la frase “Fuiste Gilda, jaja”, lo que fue interpretado por sectores judiciales como una posible amenaza.
El Colegio de Abogados de Resistencia repudió el mensaje y advirtió sobre el impacto que este tipo de expresiones puede tener sobre la independencia judicial.
Advertencias desde el ámbito legal
En este contexto, el abogado laboralista Sebastián Ferreyra Negri fue contundente al analizar la situación: “Esto demuestra que en Chaco no hay estado de derecho”.
Según el especialista, la Justicia provincial habría perdido independencia en los últimos años, en un escenario marcado por la creciente influencia del poder político.
Un debate abierto
Las denuncias, difundidas por REALPOLITIK y amplificadas por el trabajo periodístico de Roberto Espinoza, abren un debate de fondo sobre los límites entre la política y la Justicia en la provincia.
Mientras desde sectores críticos se advierte sobre un posible avance del poder político sobre el judicial, desde el oficialismo no hubo hasta el momento respuestas públicas a estas acusaciones.
El escenario deja planteado un interrogante central: hasta qué punto las tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia forman parte de la dinámica institucional, y cuándo comienzan a afectar el equilibrio de poderes.