El gobierno de Javier Milei promulgó este viernes la reforma de la Ley de Glaciares, tras su aprobación en el Congreso, introduciendo cambios de fondo en el esquema de protección ambiental vigente desde 2010.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, y redefine el alcance de la normativa con el objetivo de ampliar las posibilidades de desarrollo productivo, especialmente en zonas con potencial minero.
La legislación original establecía una protección amplia sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Con la reforma, ese enfoque se modifica y se introducen nuevos criterios que impactan directamente en la delimitación de áreas protegidas y en el esquema de control.
Uno de los cambios centrales es la transferencia de facultades a las provincias, que pasarán a tener un rol clave en la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares deben ser preservados. Esto implica que áreas que antes estaban automáticamente protegidas podrían quedar sujetas a nuevas evaluaciones bajo criterios locales.
En esa línea, la reforma también limita la protección estricta de los glaciares de escombros y zonas periglaciares únicamente a aquellos que tengan una “función hídrica comprobada o relevante”, abriendo la puerta a actividades productivas en territorios previamente restringidos.
Otro punto relevante es la redefinición del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que pasará a cumplir funciones más técnicas y de registro, perdiendo incidencia directa en la toma de decisiones, que quedará en manos de las provincias.
Además, en zonas fronterizas no delimitadas, se establece la intervención obligatoria de la Cancillería antes de incorporar información al inventario nacional.
En cuanto al régimen de actividades, la nueva normativa abandona el sistema de prohibiciones generales y lo reemplaza por un esquema basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo jurisdicción provincial.
Desde el Ejecutivo defendieron la reforma al señalar que permitirá “ordenar el marco normativo”, evitar interpretaciones discrecionales y fortalecer el federalismo ambiental, otorgando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, reflejando un debate atravesado por la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.
Con la promulgación ya vigente, se abre una nueva etapa que será seguida de cerca por sectores políticos, científicos y organizaciones ambientales, atentos al impacto que puedan tener estos cambios sobre los recursos hídricos y el equilibrio ambiental.