25 de abril de 2026

Piden hasta 13 años de prisión para la familia López en una causa por presunto lavado de activos

El fiscal federal Federico Carniel dio por concluido este jueves su alegato en el juicio oral contra la familia López, en el que solicitó penas de entre 12 y 13 años y 6 meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado, además de multas, decomiso de bienes y costas del proceso.

En su exposición ante el tribunal, Carniel sostuvo que los acusados habrían integrado una estructura organizada destinada a la comisión de maniobras ilícitas de manera continuada, y que el origen de los fondos investigados estaría vinculado a un esquema de utilización de fundaciones y explotación irregular de tierras fiscales.

Las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal alcanzan a Ramón Alberto “Tito” López, para quien pidió 13 años y 6 meses de prisión; a su esposa, Librada Beatriz Romero, para quien requirió 13 años; y a sus hijos David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, para quienes pidió 12 años de cárcel, todos como presuntos coautores del delito.

Durante su alegato, el fiscal cuestionó la correspondencia entre las actividades declaradas por los imputados y su patrimonio, al señalar inconsistencias que, según la acusación, evidenciarían el origen ilícito de los bienes investigados.

Carniel afirmó que las maniobras se habrían concretado a través de dos mecanismos principales: el uso de fundaciones que habrían funcionado como pantalla para la captación de recursos públicos y la explotación de un campo adquirido mediante el sistema de tierras fiscales.

En ese marco, el fiscal sostuvo que los acusados habrían contado con la participación de funcionarios públicos en la asignación de recursos y bienes del Estado, lo que encuadró dentro de un esquema de corrupción y falta de control estatal.

El representante del Ministerio Público también señaló que los fondos habrían sido desviados de su finalidad original, afectando a sectores vulnerables que debían ser beneficiarios de esas políticas públicas, lo que consideró un agravante en la magnitud del daño.

El juicio continuará ahora con las instancias restantes antes de la sentencia.

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