La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, salió a desmentir versiones difundidas en algunos medios sobre su situación judicial y el pago de una condena civil vinculada a una publicación en redes sociales.
Según explicó, es “mentira” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya analizado el caso, y sostuvo que el máximo tribunal no intervino en el fondo de la causa. En ese sentido, afirmó que la resolución que dio por firme el proceso corresponde al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, con fallo previo del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Charata.
Panzardi indicó que el resarcimiento económico fue fijado por la Justicia provincial y que la sentencia quedó firme a fines de diciembre de 2025. Aseguró además que finalizó el pago total de la condena el 19 de abril, tras haber abonado la última cuota con fondos provenientes de su actividad privada.
“Pude terminar de pagar con mucho esfuerzo. Tengo embargos sobre mis bienes desde hace años”, señaló la jefa comunal, quien agregó que la suma total abonada rondó los 17 millones de pesos, más intereses y costas.
Nueva discusión por actualización de montos
La intendenta también advirtió que la parte demandante habría solicitado una nueva actualización del monto, con cálculos retroactivos que según afirmó elevarían la cifra total a más de 260 millones de pesos, lo que calificó como “desproporcionado”.
Origen del conflicto
El caso se originó a partir de un tuit publicado hace aproximadamente una década, en el que Panzardi utilizó expresiones en potencial en el marco de una disputa política. Según su versión, nunca existió una relación personal conflictiva con el demandante, a quien conoció durante su actividad legislativa.
La intendenta sostuvo que aceptó la sentencia y realizó el pago correspondiente, negando haberse negado a cumplir con la resolución judicial.
Pedido de aclaración pública
Panzardi pidió que no se “confunda a la opinión pública” con interpretaciones del caso y cuestionó que se intente presentar la situación como un hecho de otra naturaleza.
Asimismo, planteó que el uso del derecho en este tipo de conflictos no debe derivar según su postura en situaciones de “aprovechamiento indebido”.