El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y quien fuera su segundo, Daniel María Garbellini, deberán presentarse este martes en los tribunales de Comodoro Py para ampliar sus declaraciones indagatorias en una causa que investiga presuntas irregularidades millonarias en la contratación de medicamentos e insumos de alto costo.
La citación fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, a partir de nuevos elementos incorporados al expediente impulsado por el fiscal Franco Picardi, que detectó un circuito de maniobras presuntamente irregulares que habría movilizado más de 75.000 millones de pesos, con la participación coordinada de funcionarios y empresarios, en beneficio de un grupo reducido de proveedores.
Según la investigación, el esquema habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mediante la manipulación sistemática de procesos de contratación dentro del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad sin cobertura médica. En ese contexto, los fondos involucrados correspondían a recursos críticos destinados a sectores vulnerables.
Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en otra línea de la causa, deberá responder ahora por su presunta participación en este nuevo entramado. Por su parte, Garbellini —exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud— es señalado como uno de los principales operadores del sistema, con injerencia directa en la selección de empresas, la firma de órdenes de pago y el manejo de información sensible. Parte de los retornos económicos, según el expediente, habrían impactado en su patrimonio personal.
Uno de los ejes centrales de la maniobra habría sido la implementación en junio de 2024 del “Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones”, una herramienta que, de acuerdo con la Justicia, fue utilizada para montar procesos paralelos de contratación. Allí, empresas previamente seleccionadas simulaban competir entre sí, aunque en realidad actuaban de forma coordinada para asegurar adjudicaciones ya definidas.
A través de estas “compulsas especiales”, se habrían direccionado contratos millonarios. Solo en medicamentos PACBI (de alto costo y baja incidencia), más de una veintena de licitaciones generaron órdenes de compra por 30.337 millones de pesos, de los cuales el 93% quedó en manos de dos droguerías. En insumos cardiológicos, una sola empresa concentró el 90% de las adjudicaciones durante diez meses, por más de 13.700 millones de pesos. Patrones similares se repitieron en otros rubros, evidenciando una fuerte concentración de contratos.
En el entramado aparece también el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como articulador del sector privado. En cuadernos secuestrados durante allanamientos se hallaron registros con cifras millonarias, nombres de empresas y funcionarios, y porcentajes de distribución de retornos. Su comisión, según la investigación, oscilaba entre el 12% y el 20% de los montos adjudicados, canalizada mediante facturación simulada para encubrir los pagos.
La causa también incluye sospechas de lavado de dinero. Parte de los fondos habría sido derivada a intermediarios y convertida en activos como criptomonedas. Entre los involucrados figuran Alan Poccovi y Sergio Mastropietro, vinculados a la firma Baires Fly SA, quienes habrían recibido transferencias, efectivo y cheques. En uno de los allanamientos, la Justicia secuestró unos 700.000 dólares en distintas divisas, además de documentación clave.
En total, 35 personas fueron citadas a declarar en el expediente, que incluye a exfuncionarios, empresarios e intermediarios. Además, el juez dispuso la inhibición general de bienes de 26 individuos y 20 empresas, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.
