El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, optó por no declarar este martes ante la Justicia y presentó un escrito en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades millonarias en la contratación de medicamentos e insumos de alto costo.
La citación había sido dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien convocó también a Daniel María Garbellini para ampliar sus indagatorias. La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, apunta a un esquema que habría movilizado más de 75.000 millones de pesos mediante maniobras coordinadas entre funcionarios y empresarios.
Spagnuolo, ya procesado en otra línea del expediente, debía responder por un sistema que habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con manipulación de contrataciones dentro del Programa Incluir Salud, destinado a personas sin cobertura médica.
Un esquema bajo sospecha
Según la acusación, el mecanismo se basaba en la utilización de un sistema informático implementado en 2024 el “Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones” que habría servido para crear procesos paralelos de contratación.
De acuerdo con la Justicia, empresas previamente seleccionadas simulaban competir entre sí, aunque en realidad coordinaban sus ofertas para asegurar adjudicaciones ya definidas.
Este esquema habría permitido una fuerte concentración de contratos en pocos proveedores. En medicamentos de alto costo, por ejemplo, más del 90% de las adjudicaciones quedó en manos de solo dos empresas.
El rol de los funcionarios
En este contexto, Garbellini exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud es señalado como un actor clave, con influencia en la selección de empresas, la firma de pagos y el manejo de información sensible. Parte de los retornos económicos, según el expediente, habrían impactado en su patrimonio personal.
Intermediarios, retornos y lavado
La investigación también identifica al empresario Miguel Ángel Calvete como presunto articulador del sector privado. En documentos secuestrados se registraron montos, porcentajes y nombres de empresas y funcionarios, con comisiones que oscilarían entre el 12% y el 20%.
Para ocultar el dinero, se habrían utilizado circuitos de lavado, incluyendo transferencias, efectivo y la conversión en criptomonedas. Entre los involucrados aparecen Alan Poccovi y Sergio Mastropietro, vinculados a la firma Baires Fly SA.
Durante los allanamientos, la Justicia secuestró unos 700.000 dólares en distintas divisas, además de documentación clave para la causa.
Avance del expediente
En total, 35 personas fueron citadas a declarar, entre exfuncionarios, empresarios e intermediarios. Además, el juez ordenó la inhibición de bienes de 26 personas y 20 empresas para evitar el movimiento de activos.
El expediente continúa avanzando mientras la Justicia busca determinar el alcance del presunto entramado de corrupción que habría afectado recursos destinados a sectores vulnerables.
