El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica tras conocerse que el Gobierno proyecta destinar hasta $229 millones de fondos públicos a la realización de encuestas de opinión en la antesala del año electoral.
La contratación, publicada en el Boletín Oficial y disponible en el sistema Compr.ar, corresponde a un “servicio de monitoreo de gestión y opinión pública” con una duración inicial de un año, prorrogable por otro período similar.
Un esquema con amplio margen de discrecionalidad
El mecanismo elegido es el de Acuerdo Marco, una modalidad que permite seleccionar previamente a las empresas proveedoras y luego emitir órdenes de compra según las necesidades del área contratante. En este caso, habilita al Ejecutivo a distribuir los trabajos entre distintas consultoras sin detallar previamente el contenido específico de cada estudio.
En total, 14 encuestadoras fueron habilitadas para prestar servicios, entre ellas Opinaia, Isonomía, Taquion, TresPuntoZero y MBC Consultores, entre otras firmas del sector.
Cuestionamientos por el uso de recursos públicos
La iniciativa generó críticas desde distintos sectores, que cuestionan el destino de los fondos en un contexto de ajuste fiscal impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.
Entre los principales señalamientos, se destaca que el monto previsto equivale, según estimaciones, a varios meses de funcionamiento de facultades públicas, lo que reaviva el debate sobre las prioridades presupuestarias.
La respuesta oficial
Ante las consultas, desde el Gobierno sostuvieron que este tipo de estudios “se realizan de manera habitual” y que no se limitan a cuestiones electorales, sino que abarcan mediciones generales de opinión pública, gestión y problemáticas sociales.
Además, indicaron que las encuestas incluyen diversas metodologías, como relevamientos telefónicos, online, presenciales y grupos focales.
Un tema que suma tensión política
El gasto proyectado se inscribe en un escenario de creciente tensión política, donde la oposición cuestiona el uso de recursos estatales con posibles fines estratégicos, mientras el oficialismo defiende la necesidad de contar con herramientas de medición para la gestión.
Por ahora, el proceso se encuentra en marcha y no se detallaron públicamente los contenidos específicos ni los primeros trabajos encargados.
