En un fallo de alto impacto, la Justicia Laboral hizo lugar al amparo colectivo presentado por el diputado Santiago Pérez Pons junto a trabajadores del Ministerio de la Producción y declaró inválida la reducción aplicada sobre el Fondo Estímulo Productivo (FEP).
La resolución representa un fuerte revés para la gestión de Leandro Zdero, ya que el tribunal consideró que la medida oficial carecía de razonabilidad y fundamentación suficiente.
Un fallo que ordena pagar lo adeudado
El Juzgado Laboral N° 3, a cargo del juez Sergio Bosch, declaró la nulidad de los artículos 1 y 2 de la Resolución Ministerial N.º 71/2026 y ordenó al Ministerio de la Producción:
- Recalcular el FEP correspondiente a febrero, marzo y abril de 2026
- Aplicar el criterio correcto en los períodos siguientes
- Liquidar las diferencias salariales con intereses por mora
Además, dispuso que en un plazo de 60 días se dicte un nuevo acto administrativo ajustado a la Ley N.º 2398-I.
El origen del conflicto
La controversia comenzó cuando el Gobierno provincial modificó la base de cálculo del fondo, excluyendo conceptos que históricamente formaban parte del salario, lo que generó una caída abrupta en los ingresos.
Según los datos expuestos en la causa, algunos trabajadores pasaron de percibir cerca de $1.500.000 a alrededor de $600.000 mensuales, lo que desató asambleas, reclamos y una fuerte reacción gremial.
El ministro de Producción, Oscar Dudik, incluso debió presentarse en la Legislatura para dar explicaciones ante la magnitud del conflicto.
“La Justicia puso un límite”
Tras conocerse la sentencia, Pérez Pons destacó el rol de los trabajadores en el resultado:
“Sin la organización y la lucha, este recorte pasaba desapercibido. Hubo una decisión de avanzar sobre el salario y la Justicia puso un límite”, afirmó.
El legislador cuestionó con dureza la política salarial del Ejecutivo y sostuvo que el fallo marca un precedente institucional sobre los límites del ajuste estatal.
Un precedente en medio de la tensión salarial
El caso se inscribe en un contexto de creciente conflicto entre distintos sectores estatales y el Gobierno provincial. La sentencia deja en claro que las modificaciones sobre ingresos de carácter alimentario no pueden aplicarse de forma arbitraria ni sin respaldo legal.
Para los trabajadores, la decisión judicial representa una restitución concreta de derechos. Para la gestión provincial, en cambio, abre un nuevo frente en la discusión sobre la política salarial y el manejo de fondos específicos.
