La disputa salarial en el sector docente chaqueño volvió a escalar tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordena al Ejecutivo provincial recomponer los ingresos y restituir mecanismos de actualización que fueron suspendidos en 2025.
El conflicto gira en torno a la cláusula gatillo, un sistema que permitía ajustar automáticamente los salarios en función de la inflación y que fue eliminado de manera unilateral por la gestión de Leandro Zdero en julio del año pasado.
Desde la Federación SITECH confirmaron que el proceso judicial sigue en curso y exigieron al Gobierno provincial que cumpla de forma inmediata con lo dispuesto por la Justicia.
Un fallo que incomoda al Ejecutivo
El STJ consideró que la eliminación del mecanismo no se ajusta a derecho, apoyándose en normativa nacional e internacional, incluyendo criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese marco, el tribunal ordenó implementar medidas urgentes, normativas y presupuestarias para garantizar la recomposición salarial y preservar el carácter alimentario de los sueldos docentes.
Sin embargo, desde el sector gremial advierten que no hay señales concretas de cumplimiento, lo que mantiene abierto el conflicto.
Impacto en los salarios y malestar creciente
La suspensión de la cláusula gatillo se dio en un contexto de alta inflación, lo que provocó una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los docentes.
Para los sindicatos, la falta de actualización automática dejó los salarios muy por detrás de los precios, generando un escenario de creciente tensión y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.
Promesas de campaña bajo la lupa
El caso también abre un frente político para la gestión de Leandro Zdero, ya que durante la campaña había defendido la cláusula gatillo como una herramienta clave para proteger el salario docente.
Su posterior eliminación es hoy uno de los puntos más cuestionados, tanto por el sector sindical como en el plano institucional.
Un conflicto abierto
Mientras el expediente judicial avanza, la presión gremial y el fallo del STJ colocan al Gobierno en una encrucijada:
acatar la orden judicial y recomponer salarios o sostener una política que ya fue objetada legalmente.
El desenlace del conflicto será clave no solo para los docentes, sino también para el clima social y político en la provincia.
