El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, descalificó la movilización y aseguró que la Ley de Financiamiento Universitario “nació muerta”. También apuntó contra rectores y dirigentes opositores.
Tras la multitudinaria Marcha Universitaria Federal realizada este martes en distintos puntos del país, el Gobierno nacional salió a ratificar que no modificará su postura frente al reclamo presupuestario de las universidades públicas y volvió a cargar contra los organizadores de la protesta.
El encargado de fijar la posición oficial fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó la movilización como un acto “puramente político” impulsado por sectores opositores al Gobierno de Javier Milei.
“La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, en un mensaje que profundiza el enfrentamiento entre la Casa Rosada y el sistema universitario nacional.
Lejos de abrir una instancia de negociación tras la masiva convocatoria en Plaza de Mayo y otras ciudades del país, el Gobierno insistió en cuestionar la viabilidad de la Ley de Financiamiento Universitario, eje central del reclamo impulsado por rectores, docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.
“La ley nació muerta”
Álvarez sostuvo que el proyecto aprobado en 2025 incumple la Ley de Administración Financiera, ya que según explicó no establece con precisión cuál será la fuente de financiamiento para afrontar las actualizaciones presupuestarias automáticas que prevé la norma.
“Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, afirmó el funcionario.
El planteo oficial se enmarca en la estrategia del Gobierno de sostener el esquema de déficit cero, incluso frente al creciente conflicto con el sector universitario.
En ese contexto, Álvarez dejó una de las frases más contundentes de la jornada al relativizar el impacto político de la masiva movilización.
“El número no es algo importante. Si no, votaríamos las leyes y gobernaríamos de acuerdo a quién hiciera la manifestación más grande”, expresó.
Y agregó: “El orden republicano pretende evitar eso”.
Críticas a rectores y acusaciones de “hipocresía”
Durante la entrevista, el subsecretario también apuntó directamente contra sectores del sistema universitario y especialmente contra Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Álvarez cuestionó la imparcialidad del directivo y lo acusó de actuar como “un político profesional”, además de vincularlo políticamente con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El funcionario recordó además que Torres fue quien otorgó el doctorado honoris causa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una crítica orientada a reforzar la idea de que el conflicto universitario tiene una raíz partidaria.
En paralelo, también acusó al rector de mantener una postura “hipócrita” respecto al ingreso irrestricto, al señalar que existirían presentaciones judiciales impulsadas desde su universidad para establecer cupos en determinadas carreras.
Un conflicto que sigue escalando
Las declaraciones del funcionario llegan apenas horas después de una de las movilizaciones universitarias más importantes de los últimos años, con marchas masivas en defensa de la educación pública y reclamos por financiamiento para salarios, becas, investigación y funcionamiento de las universidades nacionales.
Mientras el Ejecutivo ratifica que no se moverá de su política de ajuste fiscal, desde el ámbito universitario ya anticipan que el conflicto continuará y no descartan nuevas medidas de protesta.
Por ahora, el Gobierno apuesta a sostener el discurso de orden fiscal y trasladar la discusión sobre la ley al terreno judicial y parlamentario, aun cuando la tensión con la comunidad universitaria sigue creciendo.
