La fiscalía acusó a Lidia Mabel Ojeda por ejercicio ilegal de la medicina y la muerte de un paciente ocurrida en diciembre de 2025. La investigación también pone bajo la lupa posibles responsabilidades dentro del Ministerio de Salud.
La causa contra la denominada “médica trucha” chaqueña sumó este martes un giro judicial de alto impacto. El fiscal de Investigación Nº 3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, imputó formalmente a Lidia Mabel Ojeda por los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, en el marco de la investigación por la muerte de un paciente ocurrida el pasado 21 de diciembre en el hospital de Quitilipi.
“Si bien la imputación es sobre uno de los hechos que se investiga por la muerte de una persona, aún se desconoce la participación en las demás muertes denunciadas”, aclaró el fiscal durante una conferencia de prensa.
Ojeda, señalada públicamente en distintos ámbitos como “la Rímolo chaqueña”, fue trasladada nuevamente por personal de la División Investigaciones hasta la fiscalía para ser notificada formalmente de la imputación.
Tras la audiencia, sus abogados defensores, Fontanetto y López, adelantaron que la acusada se abstendrá de declarar mientras analizan el contenido completo del expediente judicial.
La investigación busca determinar cómo logró ejercer durante años
La causa intenta reconstruir cómo Ojeda habría ejercido presuntamente como médica durante más de dos años y medio sin contar con habilitación profesional.
En ese marco, este martes estaba prevista la declaración testimonial de la titular de la Fundación “Hoy Soy Yo”, quien anteriormente había señalado en una entrevista periodística que conoció a Ojeda desempeñándose en el hospital de Tres Isletas durante 2023.
Ese testimonio podría adquirir relevancia dentro de la investigación, especialmente luego de que desde el Ministerio de Salud del Chaco aseguraran que la mujer nunca integró formalmente la planta del sistema sanitario provincial.
Según trascendió, la fiscalía intenta determinar desde cuándo Ojeda se presentaba como profesional médica y bajo qué mecanismos logró intervenir en distintos ámbitos sanitarios.
Una causa que también apunta al sistema sanitario
El expediente ya comenzó a generar fuertes repercusiones políticas y administrativas dentro del sistema de salud provincial.
Mientras avanza la investigación principal, el fiscal César Collado analiza otra denuncia impulsada por legisladores provinciales de la oposición, quienes apuntaron contra el actual ministro de Salud, Sergio Rodríguez, por presuntas responsabilidades políticas y administrativas vinculadas al caso.
La presentación busca determinar si existieron controles deficientes, omisiones o irregularidades que permitieron que Ojeda desarrollara actividades dentro del sistema sanitario sin contar según la investigación con título habilitante.
De esta manera, la causa no solo pone bajo investigación a la falsa médica, sino que también empieza a salpicar a sectores del aparato sanitario provincial y a funcionarios ministeriales encargados de los mecanismos de control y supervisión.
Nuevas denuncias y testimonios
En paralelo, continúan sumándose denuncias vinculadas a presuntas malas prácticas médicas.
Uno de los casos que comenzó a investigarse en las últimas horas involucra a un paciente que terminó con la amputación de una pierna luego de haber sido atendido inicialmente en el hospital de Quitilipi por una herida.
Según las primeras denuncias, una presunta administración incorrecta de medicación habría agravado el cuadro clínico, aunque la Justicia todavía trabaja para determinar responsabilidades y establecer si existe relación directa con la actuación de Ojeda.
El propio fiscal Soto reconoció que aún esperan nuevos informes y elementos probatorios relacionados con otras presentaciones judiciales por presunto ejercicio ilegal de la medicina.
La investigación permanece en etapa inicial y podría derivar en nuevas imputaciones o ampliaciones de la causa a medida que avancen las pericias y declaraciones testimoniales.
Por el momento, la Justicia intenta reconstruir no solo la responsabilidad penal de Ojeda, sino también cómo una persona presuntamente sin matrícula ni habilitación pudo desempeñarse durante años en ámbitos vinculados a la atención sanitaria sin ser detectada por los organismos de control.
