El fiscal Marcelo Soto confirmó que Lidia Mabel Ojeda habría intervenido en más de mil atenciones médicas en el hospital de Quitilipi. La investigación incluye una imputación por homicidio con dolo eventual y expone posibles fallas de control dentro del Ministerio de Salud.
La investigación contra la denominada “médica trucha” chaqueña sumó un dato que profundiza el impacto político y sanitario del caso. El fiscal de Investigación Nº 3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, confirmó que Lidia Mabel Ojeda habría atendido a 1.232 pacientes en el hospital de Quitilipi, pese a no contar según la causa con título habilitante ni matrícula profesional.
El número fue revelado en medio del avance de la investigación judicial que ya derivó en la imputación de Ojeda por los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual por la muerte de un paciente ocurrida el pasado 21 de diciembre de 2025.
“Si bien la imputación es sobre uno de los hechos que se investiga por la muerte de una persona, aún se desconoce la participación en las demás muertes denunciadas”, había señalado Soto días atrás.
Una causa que crece
La magnitud del número de pacientes atendidos comenzó a encender nuevas alarmas dentro del sistema sanitario provincial y abrió interrogantes sobre cómo Ojeda logró desempeñarse durante años en ámbitos vinculados a la atención médica sin ser detectada.
Según la investigación, la mujer habría intervenido en tareas sanitarias durante más de dos años y medio, situación que ahora pone bajo análisis posibles responsabilidades administrativas y políticas.
En paralelo, continúan acumulándose denuncias y testimonios vinculados a presuntas malas prácticas médicas, incluyendo casos de pacientes fallecidos y otros que habrían sufrido graves secuelas tras recibir atención.
Uno de los hechos que comenzó a investigarse involucra a un paciente que terminó con la amputación de una pierna luego de haber sido atendido inicialmente por una lesión en el hospital de Quitilipi.
La Justicia intenta determinar si existió relación directa entre esas actuaciones y la actividad desarrollada por Ojeda.
El foco sobre el Ministerio de Salud
Con el avance de la causa, también comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia las estructuras de control del sistema sanitario provincial.
Legisladores de la oposición impulsaron denuncias para determinar posibles responsabilidades políticas y administrativas dentro del Ministerio de Salud del Chaco, especialmente por presuntas fallas de supervisión que habrían permitido que Ojeda actuara como profesional médica.
Según sostienen sectores opositores, los hechos denunciados o actualmente bajo investigación habrían ocurrido durante la actual gestión provincial.
La investigación paralela impulsada por el fiscal César Collado busca establecer si existieron omisiones o irregularidades administrativas dentro de las líneas de mando sanitarias.
Un expediente con final abierto
Mientras la defensa de Ojeda analiza el expediente y mantiene la decisión de abstenerse de declarar, la fiscalía continúa recolectando pruebas, informes y declaraciones testimoniales.
El propio Soto reconoció que todavía esperan nuevos elementos vinculados a otras denuncias por presunto ejercicio ilegal de la medicina.
La causa permanece en etapa inicial, aunque el dato de los 1.232 pacientes atendidos elevó la dimensión del escándalo y convirtió el caso en uno de los más delicados para el sistema sanitario chaqueño en los últimos años.
