La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos presentados por la exmandataria y dejó en condiciones de avanzar la ejecución de bienes vinculados al decomiso de más de $685 mil millones. La defensa aún puede recurrir a la Corte Suprema mediante una queja directa.
La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó este miércoles un nuevo capítulo adverso luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos extraordinarios presentados para frenar la ejecución de bienes en el marco de la causa Vialidad.
Con esta decisión, el decomiso patrimonial ordenado tras la condena a seis años de prisión por corrupción quedó en condiciones de ejecutarse de manera inmediata, aunque la exmandataria todavía conserva la posibilidad de acudir directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV de Casación, quienes consideraron inadmisibles los planteos impulsados por las defensas de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y también del empresario Lázaro Báez.
La resolución ratifica el avance sobre bienes destinados a cubrir el decomiso fijado por la Justicia, estimado en alrededor de $685.000 millones. Según surge de la causa, la mayor parte de los activos alcanzados pertenecen a la expresidenta y a sus hijos, debido a que gran parte del patrimonio de Báez ya había sido afectado en otros procesos judiciales.
En sus fundamentos, Hornos sostuvo que las defensas no lograron demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema y remarcó que los planteos se limitaban a cuestionar interpretaciones vinculadas al decomiso y al derecho común.
“El delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el magistrado al justificar el alcance de la medida patrimonial.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky coincidió en rechazar el recurso de Cristina Kirchner, aunque planteó diferencias parciales respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a sociedades relacionadas con Báez. Según explicó, ciertos inmuebles habrían sido adquiridos antes del período investigado y consideró que esos casos podrían merecer revisión extraordinaria.
Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio ya comenzó a avanzar en la etapa de ejecución. Incluso, remitió un oficio a la Corte Suprema para consultar si alguno de los 111 inmuebles identificados podría ser destinado al uso del máximo tribunal o del Consejo de la Magistratura.
La resolución representa un nuevo impacto judicial para la exvicepresidenta, en un contexto de fuerte tensión política y con múltiples causas todavía abiertas en distintos tribunales federales.
