A casi tres meses de la misteriosa desaparición de Axel Alejandro González en Chaco, la causa sufrió un desplome total tras la inmediata excarcelación de Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Íñiguez. Tras pasar más de dos meses tras las rejas bajo una imputación insostenible, recuperaron la libertad en medio de un escenario donde la fiscalía se quedó con las manos vacías y, llamativamente, mantiene un fuerte blindaje al negarse sistemáticamente a investigar a los policías sospechados.
Un expediente sin sustento y peritajes derrumbados
La decisión de dar marcha atrás se concretó luego de que las medidas probatorias demostraran la total orfandad de elementos incriminatorios en contra de los dos hombres:
- Comunicaciones vacías: Los peritajes telefónicos ordenados no arrojaron ninguna vinculación ni contacto sospechoso relacionado con el paradero del joven.
- Falsas pistas científicas: La indumentaria secuestrada fue descartada por completo y los estudios de laboratorio sobre las manchas halladas en la vivienda de Íñiguez confirmaron que correspondían a sangre animal, pulverizando la hipótesis oficial.
El pacto de silencio y el blindaje judicial a la fuerza
Con la salida de Silva e Íñiguez, el único aprehendido que continúa sujeto al proceso es Antonio Ramón «Cuno» Gómez. Sin embargo, el escándalo mayor pasa por la actitud del poder judicial: a pesar de los testimonios que ubican a Axel corriendo tras ser interceptado por un móvil policial la madrugada del 17 de mayo en el límite entre Fontana y Puerto Tirol, la fiscalía se niega rotundamente a investigar a los policías involucrados en aquellas horas clave.
Mientras los fiscales tiran la pelota afuera y las pruebas se desvanecen, la familia y los allegados denuncian un encubrimiento institucional flagrante para proteger a los uniformados, dejando la causa a la deriva y sin respuestas reales sobre el paradero de Axel.
