El senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich, publicó un duro análisis contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa no resuelve el verdadero problema habitacional del país, sino que agrava la situación de las familias más vulnerables.
En un documento difundido este martes, el exgobernador chaqueño afirmó que el debate no debe centrarse en una supuesta amenaza a la propiedad privada, sino en la imposibilidad de millones de argentinos de acceder a un título de propiedad.
Como respaldo a su postura, citó datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que contabiliza más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país, donde viven alrededor de cinco millones de personas. Según detalló, la mayoría de esos hogares carece de servicios básicos como agua potable, cloacas, gas de red y electricidad formal, además de no contar con la titularidad legal de los terrenos que ocupan.
Capitanich cuestionó especialmente que el proyecto oficial eleve de tres a diez años el plazo para acceder a la regularización dominial prevista en la Ley 24.374. Según explicó, al no modificarse otros artículos de esa norma, el beneficiario recién consolidaría el dominio definitivo luego de 20 años, equiparándose al plazo de la prescripción adquisitiva del Código Civil.
Además, criticó la derogación del régimen específico de regularización dominial contemplado en la Ley 27.453 para los barrios populares y rechazó los cambios procesales que, según sostuvo, equiparan a quienes usurpan inmuebles con familias que atraviesan dificultades económicas para afrontar el pago de alquileres.
En ese sentido, señaló que el dictamen de minoría impulsado por su bloque propone distinguir ambas situaciones, otorgando un tratamiento diferenciado entre ocupaciones ilegales y conflictos derivados de contratos de locación.
Como alternativa, Capitanich propuso declarar la emergencia nacional en materia de regularización dominial urbana y rural, mantener el plazo actual de tres años para acceder a la titularización y establecer un procedimiento digital y simplificado que facilite el acceso a la propiedad.
Finalmente, aseguró que «si de verdad se quiere defender la propiedad privada, el camino es garantizar que quienes hoy no tienen un título puedan acceder a él», y concluyó que el acceso a la propiedad constituye una de las políticas públicas más importantes para reducir la desigualdad y promover el arraigo de las familias argentinas.
