El inversor Juan Patricio Marchetto recurrió la decisión que cerró la investigación contra el Presidente, Karina Milei y otros nueve imputados. Con el patrocinio de Juan Grabois y Nicolás Rechanik, cuestionó la falta de medidas de prueba y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, y pidió que la causa continúe.

El caso $LIBRA sumó su primera apelación contra los sobreseimientos dictados en la investigación por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian haber sido perjudicados, presentó un recurso para que se revoque la decisión que benefició al mandatario, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados.

La presentación fue patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. En el escrito, Marchetto cuestionó los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los acusados.

El planteo tiene una particularidad procesal: Marchetto fue apartado del expediente como querellante, una decisión que luego confirmó la Cámara Federal. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver el recurso mediante el cual busca recuperar esa condición.

Por ese motivo, el inversor sostiene que debe poder impugnar el cierre de la investigación para evitar que una eventual decisión favorable sobre su participación llegue cuando ya no sea posible discutir el fondo de la causa.

Cuestionamientos al juez y al fiscal

Uno de los ejes de la apelación es la diferencia entre considerar que todavía no existen pruebas suficientes para demostrar un delito y concluir que los hechos investigados no constituyen delito. Según Marchetto, la resolución judicial confundió ambos conceptos y avanzó hacia el cierre definitivo sin explicar de manera adecuada por qué los elementos reunidos no justificaban continuar con la pesquisa.

El recurso también cuestiona el accionar de Taiano. Marchetto le atribuye demoras en la producción de pruebas, la omisión de convocar a testigos que podrían aportar información relevante y la falta de pedidos de declaración indagatoria para los imputados.

Además, señaló una contradicción en la decisión fiscal: sostuvo que se pidió cerrar el expediente mientras todavía estaban pendientes diligencias que la propia fiscalía había ordenado.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, planteó el inversor.

Entre las medidas que, según el escrito, requerían mayor profundización, figura la ampliación de las pericias telefónicas de los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis.

También cuestionó que no se convocara a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en Argentina.

Para Marchetto, el cierre de la investigación no debía resolverse sin analizar esas diligencias pendientes ni la ausencia de declaraciones indagatorias de los once imputados que fueron sobreseídos.

Las comunicaciones de Milei antes del lanzamiento de $LIBRA

La apelación vuelve sobre uno de los puntos centrales del expediente: las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación con la que Milei difundió el criptoactivo en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025.

Según los registros citados en el recurso, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. A las 18:56:22, el mandatario recibió otra llamada entrante del operador. La publicación presidencial que promocionó $LIBRA apareció a las 19:01:22.

La presentación también menciona operaciones realizadas poco antes de que el público conociera el activo. De acuerdo con la reconstrucción citada, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del mensaje presidencial.

“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, sostuvo Marchetto en su escrito.

El inversor considera que esos elementos deben examinarse en conjunto para esclarecer si hubo coordinación entre quienes prepararon el proyecto, quienes operaron antes de su difusión pública y la intervención del Presidente.

También cuestionó que no se profundizara suficientemente en el destino de los fondos aportados por los compradores, la identidad de sus receptores y los posibles vínculos con los organizadores del lanzamiento.

El informe tecnológico bajo cuestionamiento

Otro capítulo de la apelación se refiere al informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

Martínez De Giorgi había considerado circunstancias relacionadas con una investigación administrativa por el acceso indebido a documentación reservada al evaluar ese material probatorio. Marchetto cuestionó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no había demostrado que la empleada investigada entregara documentos a una periodista o a terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.

Además, señaló que la fiscalía había recibido un informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de documentos del expediente. A partir de ese dato, cuestionó que el material no hubiera sido comunicado oportunamente al juzgado y a las partes.

Para el inversor, el tratamiento de la prueba tecnológica es relevante para determinar la solidez de la investigación y evaluar los elementos que podrían sostener la hipótesis delictiva.

La disputa por la condición de querellante

La posibilidad de apelar el sobreseimiento constituye otro punto central del planteo. Marchetto fue apartado como querellante por una decisión judicial del 3 de julio, posteriormente confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, presentó una queja ante Casación para intentar recuperar su participación, un recurso que aún debe resolverse.

Su argumento es que, si el sobreseimiento queda firme antes de que el tribunal superior determine si corresponde reincorporarlo, una eventual resolución favorable podría perder efectividad: volvería a ingresar a una causa cuya investigación ya estaría cerrada.

Para fundamentar su legitimación, invocó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que reconoció la posibilidad de que quien pretende constituirse como querellante interponga determinados recursos ante Casación. También apeló a los derechos de las víctimas reconocidos por la legislación, entre ellos el acceso a la Justicia, la información, la participación en el proceso y la tutela judicial efectiva.

Con esta presentación, Marchetto busca preservar una vía de revisión mientras continúa pendiente la discusión sobre su condición de parte. La apelación deberá avanzar en el ámbito judicial correspondiente para determinar si se revisa el cierre de la investigación.