La Justicia dispuso el archivo de la denuncia penal presentada por los diputados Santiago Pérez Pons, Sebastián Benítez Molas y Nicolás Slimel por contrataciones de la Administración Tributaria Provincial. El legislador cuestionó la oportunidad de la decisión y anticipó que continuará investigando las operaciones bajo análisis.
La Justicia archivó la denuncia penal presentada por los diputados provinciales Santiago Pérez Pons, Sebastián Benítez Molas y Nicolás Slimel por presuntas irregularidades en contrataciones de la Administración Tributaria Provincial (ATP). La decisión se conoció a menos de 24 horas de la interpelación de la administradora general del organismo, Bibiana Massiel Kuncheff, ante la Cámara de Diputados del Chaco.
La presentación judicial apuntaba a pagos cercanos a los 1.800 millones de pesos por servicios de consultoría contratados a través de ECOM Chaco S.A. y a un procedimiento posterior vinculado con la modernización de los sistemas de la ATP, cuyo presupuesto superaría los 30.000 millones de pesos.
Tras conocerse el archivo de la denuncia, Pérez Pons cuestionó el momento en que se tomó la decisión y planteó dudas sobre sus posibles motivaciones.
“No podemos dejar de preguntarnos por qué una denuncia de esta magnitud se archiva justo un día antes de que la funcionaria tenga que dar explicaciones”, expresó el diputado, quien también manifestó preocupación por una eventual existencia de presiones políticas. Esas sospechas fueron planteadas por el legislador y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente acreditados.
Qué denunciaron los diputados
La denuncia solicitaba investigar la contratación de servicios de consultoría mediante ECOM Chaco S.A., por la que, según los legisladores, se habrían desembolsado alrededor de 1.800 millones de pesos.
Los denunciantes pidieron determinar si se utilizaron mecanismos administrativos para evitar los procedimientos habituales de contratación pública. Para respaldar su presentación, afirmaron haber incorporado documentación sobre pagos, actuaciones administrativas y el posterior concurso para modernizar los sistemas informáticos de la ATP.
También plantearon interrogantes sobre posibles vinculaciones entre empresas que participaron del diagnóstico inicial y firmas que se presentaron al nuevo procedimiento. Según la información difundida por los legisladores, la contratación de más de 30.000 millones de pesos todavía no había sido adjudicada.
El archivo de la denuncia no permite concluir, por sí solo, que las contrataciones hayan sido irregulares ni que las observaciones planteadas por los denunciantes hayan quedado demostradas. Para conocer los fundamentos y el alcance de la decisión judicial resulta necesario acceder a la resolución correspondiente.
Pérez Pons anticipó que continuará la investigación
El diputado sostuvo que el cierre de la causa penal no elimina los interrogantes sobre el destino de los fondos públicos y reclamó explicaciones sobre los trabajos contratados, los montos abonados y los resultados obtenidos por la Provincia.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos de los chaqueños. Primero pagaron una consultoría millonaria y después avanzaron con otra contratación por más de 30.000 millones de pesos. Nosotros denunciamos, presentamos documentación y exigimos que se investigue”, afirmó.
Entre las preguntas que los legisladores esperan que responda Kuncheff figuran por qué se pagaron cerca de 1.800 millones de pesos por la consultoría, qué tareas se realizaron, qué recibió efectivamente el Estado provincial y cuáles fueron los motivos para impulsar una contratación posterior de semejante magnitud.
“Archivar una denuncia no significa que los hechos desaparezcan”, remarcó Pérez Pons, al insistir en que los funcionarios responsables deben explicar las decisiones adoptadas y el uso de los recursos públicos.
La interpelación sigue en el centro de la escena
La comparecencia de Kuncheff ante la Cámara de Diputados quedó en el centro de la controversia tras conocerse la decisión judicial. Para Pérez Pons, la instancia legislativa mantiene su importancia independientemente de lo resuelto en la causa penal.
El legislador anticipó que continuará siguiendo las contrataciones y que la interpelación no perderá vigencia por el archivo de la denuncia.
La resolución judicial y las explicaciones que brinde la administradora de la ATP serán claves para determinar qué aspectos de las operaciones fueron examinados, cuáles siguen bajo cuestionamiento y qué información podrá aportar el organismo sobre los contratos y los fondos involucrados.