Analía Flores presentó un proyecto en la Legislatura provincial para repudiar una actuación administrativa de una escuela de General San Martín. El documento cuestionado dejó constancia de fotografías tomadas por docentes durante una protesta por la cláusula gatillo.
Una controversia por un reclamo salarial docente llegó a la Legislatura del Chaco. La diputada provincial Analía Flores presentó un proyecto de resolución para expresar su rechazo a lo que calificó como un episodio de “persecución y amedrentamiento” contra trabajadores de la Escuela de Educación Primaria N.º 363 “Maestro Rafael Lencinas”, de General José de San Martín.
El planteo apunta a una nota oficial de la dirección del establecimiento, fechada el 29 de octubre de 2026 y firmada por la directora Diana Andrea Sosa. El documento registra que docentes se fotografiaron dentro de la institución, durante el horario laboral, con carteles en los que reclamaban el cumplimiento de la cláusula gatillo y una actualización de sus salarios.
La comunicación también menciona la falta de autorización previa para realizar esa actividad y recuerda las disposiciones institucionales sobre el uso de celulares y dispositivos digitales, así como la prioridad de las tareas pedagógicas.
Sin embargo, el acta aclara que su objetivo es dejar constancia administrativa de lo ocurrido y que no supone, por sí misma, la atribución de una falta ni la aplicación de una sanción.
El reclamo llegó a la Legislatura
Para Flores, aun sin una sanción formal, este tipo de intervenciones puede generar un efecto intimidatorio y desalentar la expresión colectiva de demandas laborales.
La legisladora sostuvo que las autoridades educativas deben ejercer sus facultades sin afectar los derechos constitucionales de los trabajadores, entre ellos la libertad de expresión, la defensa de sus intereses profesionales y la organización gremial.
El proyecto propone manifestar solidaridad con las docentes involucradas y con el conjunto de la docencia chaqueña. También plantea exhortar al Ministerio de Educación provincial a garantizar el respeto de los derechos laborales y promover ámbitos institucionales basados en el diálogo y la participación democrática.
Como sustento jurídico, la iniciativa cita artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución del Chaco, la Ley Nacional de Educación N.º 26.206 y el Estatuto del Docente provincial.
Un conflicto salarial de fondo
La controversia se produce en un contexto de reclamos del sector docente por el incumplimiento de la cláusula gatillo y la falta de actualización de los haberes.
En ese escenario, la presentación de Flores suma un nuevo capítulo al conflicto educativo provincial: ya no solo se discute la política salarial, sino también los límites de las autoridades escolares frente a las manifestaciones de los trabajadores.
El proyecto deberá seguir su trámite legislativo. Mientras tanto, el episodio abre un debate sobre el derecho de los docentes a expresar sus reclamos y las responsabilidades de las instituciones educativas durante las jornadas de protesta.