La nueva normativa entró en vigencia este sábado 5 de septiembre y establece la imputabilidad desde los 14 años. El régimen mantiene un sistema penal especial para adolescentes y fija nuevas sanciones, con un máximo de 15 años de prisión.
Desde este sábado comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y establece importantes modificaciones en el tratamiento de los adolescentes que cometan delitos.
Uno de los principales cambios es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, los menores de 18 años continuarán bajo un sistema penal especial y no serán sometidos al mismo régimen que los adultos.
La nueva normativa establece que las medidas aplicadas deberán contemplar no solo la responsabilidad por el delito cometido, sino también objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social del adolescente.
Las nuevas sanciones
El régimen prohíbe expresamente la reclusión y la prisión perpetua para adolescentes. En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, el máximo será de 15 años.
También se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional, siempre que se hayan cumplido las condiciones previstas y las dos terceras partes de la condena.
La privación de la libertad no será automática para todos los delitos. La normativa incorpora distintas sanciones alternativas, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño causado a la víctima, reglas de conducta y participación obligatoria en actividades educativas y comunitarias.
Además, se incorpora la amonestación, entendida como un llamado de atención formal que puede complementarse con otras medidas.
Monitoreo electrónico y centros especializados
Entre las novedades también aparece el monitoreo electrónico para adolescentes, que podrá utilizarse para controlar el cumplimiento de determinadas medidas o sanciones.
Cuando corresponda la privación de la libertad, los adolescentes deberán ser alojados en instituciones especialmente acondicionadas y con personal especializado. La normativa establece que no podrán compartir el lugar de encierro con personas mayores de edad.
Según cada situación, el alojamiento podrá realizarse en institutos abiertos, establecimientos especializados de detención o, en determinados casos, mediante arresto domiciliario.
La normativa también mantiene la prohibición de difundir datos que permitan identificar a un adolescente imputado, incluyendo su nombre, apodo, domicilio, filiación, parentesco o imágenes.
Mayor participación de las víctimas
El nuevo régimen amplía los derechos de las víctimas durante el proceso judicial. Podrán participar en el trámite de la causa y recibir información sobre su avance.
Asimismo, establece la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos que se les atribuyan.
El desafío de implementar el nuevo régimen
La puesta en marcha de la reforma plantea importantes desafíos para la Justicia. Uno de los principales interrogantes está relacionado con la capacidad de los juzgados y organismos especializados para afrontar un eventual aumento de causas.
También deberán garantizarse recursos humanos, infraestructura, dispositivos de monitoreo electrónico y personal capacitado para acompañar y supervisar a los adolescentes alcanzados por el nuevo sistema.
Otro aspecto pendiente es la articulación entre la nueva normativa nacional y los sistemas procesales de cada provincia, además del Código Procesal Penal de la Nación.
Para la implementación del régimen, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08. Mientras algunas provincias ya comenzaron a trabajar en protocolos y mecanismos de adecuación, a nivel nacional continúan las conversaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para definir criterios de aplicación.
Con la entrada en vigencia de la reforma, Argentina inicia una nueva etapa en materia de responsabilidad penal adolescente, con el desafío de equilibrar la respuesta frente al delito con la protección de derechos y las posibilidades de reinserción social de los jóvenes.
