La Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión de apartar a los cinco damnificados que se habían presentado como querellantes en la causa que investiga el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que los inversores no acreditaron, en esta etapa, haber sido víctimas de un engaño concreto que los hubiera llevado a realizar las operaciones.
La resolución deja a los damnificados sin participación como querellantes y limita su posibilidad de impulsar directamente la investigación. El expediente continúa bajo la intervención de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano y tiene entre los imputados al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.
Uno de los principales argumentos utilizados por Bertuzzi y Llorens fue que la operación se desarrolló dentro de un mercado caracterizado por su volatilidad y ausencia de regulación financiera. Según los jueces, quienes adquirieron el token conocían o debían conocer los riesgos asociados a este tipo de inversiones.
“La operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo”, señalaron los camaristas. En ese sentido, sostuvieron que los compradores “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra”.
Los querellantes, sin embargo, sostienen una hipótesis diferente. Uno de ellos, Martín Romeo, planteó que el engaño habría estado relacionado con la publicación realizada por Milei en redes sociales para promocionar el proyecto Viva La Libertad Project, que antecedió al lanzamiento del token.
Según ese planteo, la utilización de la figura presidencial habría contribuido a generar confianza entre los potenciales compradores y a presentar al proyecto como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados.
Otro grupo de inversores, integrado por Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Juan Patricio Marchetto, señaló presuntos elementos que, a su criterio, podrían demostrar una maniobra coordinada. Entre ellos mencionaron un supuesto acceso anticipado a información, concentración del control del activo, manipulación del mercado y un retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores.
Los camaristas consideraron que esas expresiones no alcanzan para demostrar, por sí mismas, la existencia de un ardid penalmente relevante. En el fallo señalaron que los términos utilizados por las querellas, como rug pull, insider trading o “lavado de prestigio”, no fueron suficientemente vinculados con una conducta concreta que permita configurar el delito denunciado.
La resolución también cuestionó que los damnificados hubieran podido demostrar una relación directa entre una maniobra engañosa y las pérdidas económicas sufridas. Para los jueces, no alcanza con acreditar que los inversores realizaron operaciones y posteriormente perdieron dinero, sino que debe demostrarse previamente la existencia de un engaño concreto que haya provocado la disposición patrimonial.
La Cámara también sostuvo que decisiones adoptadas anteriormente en el expediente, en las que algunos damnificados habían sido reconocidos como víctimas, no impiden revisar su legitimación como querellantes debido al avance de la investigación.
En ese sentido, los magistrados afirmaron que el desarrollo de la causa habría debilitado la hipótesis inicial de un plan organizado desde sectores vinculados al Gobierno y plantearon como alternativa que se tratara de una inversión realizada voluntariamente en un mercado de alto riesgo.
Los querellantes adelantaron que recurrirán la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de recuperar su participación activa en el expediente.
La causa también mantiene abiertas otras líneas de investigación vinculadas con las relaciones entre funcionarios, operadores y participantes del proyecto. Entre los elementos mencionados durante la pesquisa aparecen comunicaciones entre Milei y el trader Mauricio Novelli, así como documentación hallada en dispositivos electrónicos que, según las denuncias, podría estar relacionada con posibles acuerdos comerciales.
El fallo de Bertuzzi y Llorens se produjo poco después de la incorporación de nuevos integrantes a la Cámara Federal de Comodoro Py. En ese contexto, la decisión generó cuestionamientos por parte de los abogados de los damnificados, quienes sostienen que la resolución favorece el cierre de una de las principales vías de participación de los inversores en la investigación.
Los querellantes aún cuentan con la posibilidad de recurrir el fallo, mientras la investigación judicial sobre el caso $LIBRA continúa bajo la conducción de la fiscalía.
