El nuevo esquema reemplaza la normativa vigente desde 1980 y establece un sistema penal especial para adolescentes de entre 14 y 18 años. La reforma incorpora nuevas sanciones, prohíbe la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad.
Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el sistema vigente desde 1980 y establece que los adolescentes mayores de 14 años podrán ser imputados por delitos contemplados en el Código Penal.
La modificación reduce la edad de imputabilidad, aunque los menores de 18 años no quedan equiparados al régimen penal de los adultos. Los procesos continuarán bajo un sistema penal especial, que contempla medidas de seguimiento, sanciones alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.
El nuevo régimen establece que las sanciones deberán considerar la responsabilidad por el hecho cometido, pero también objetivos vinculados con la educación, resocialización e integración social del adolescente.
Qué sanciones contempla la nueva normativa
La normativa prohíbe aplicar reclusión o prisión perpetua a adolescentes y establece un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad.
También contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para obtener ese beneficio.
El régimen prevé además sanciones alternativas para determinados casos, especialmente cuando las penas previstas para el delito sean superiores a tres y de hasta diez años.
Entre las medidas contempladas figuran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado a la víctima, las reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas y comunitarias. También se incorpora la amonestación como una forma de llamado de atención formal.
Monitoreo electrónico y lugares de alojamiento
Otra de las novedades es la posibilidad de utilizar monitoreo electrónico adolescente para supervisar el cumplimiento de determinadas sanciones o medidas.
En los casos en que se disponga la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en instituciones especialmente acondicionadas y con personal capacitado. Además, la normativa establece que no podrán compartir el lugar de alojamiento con personas mayores de edad.
Las medidas de alojamiento podrán cumplirse en institutos abiertos, institutos especializados de detención o, en determinadas circunstancias, mediante arresto domiciliario.
La normativa también mantiene la prohibición de difundir datos que permitan identificar a los adolescentes imputados, incluidos nombres, apodos, filiación, parentesco, domicilio o imágenes.
Mayor participación de las víctimas
El nuevo régimen amplía la participación de las víctimas durante el proceso judicial. Podrán intervenir en el trámite y recibir información sobre el avance de las actuaciones.
Asimismo, establece la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos.
El desafío de implementar el nuevo sistema
Uno de los principales desafíos estará en la capacidad de la Justicia para aplicar el nuevo régimen en todo el país. Entre las cuestiones pendientes aparecen la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura, dispositivos especializados, pulseras electrónicas y supervisores capacitados.
También deberá articularse la nueva normativa nacional con los sistemas procesales de cada provincia y con el Código Procesal Penal de la Nación.
Para la implementación del régimen, el Congreso de la Nación asignó una partida de $23.739.155.303,08. Algunas provincias ya avanzaron con protocolos y mesas de trabajo, mientras que a nivel nacional continúan las tareas de coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para establecer criterios de aplicación.
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