Bluewater Energy Services alquiló el buque Aoka Mizu para el desarrollo petrolero frente a las Islas Malvinas y, en paralelo, fabricó las dos monoboyas que utilizará el Vaca Muerta Oleoducto Sur en Río Negro. Desde VMOS sostienen que ambos contratos no se superpusieron al momento de su firma.
La empresa neerlandesa Bluewater Energy Services, especializada en sistemas flotantes para la industria petrolera, quedó en el centro de una controversia a partir de sus vínculos comerciales con dos proyectos hidrocarburíferos: el desarrollo offshore Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), en Río Negro.
Bluewater es propietaria del buque Aoka Mizu, que será utilizado como plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) en Sea Lion. Según la información disponible, la compañía fue contratada por Navitas Petroleum por un período de 12 años, con ocho opciones de extensión anual.
Al mismo tiempo, la empresa fabricó las dos monoboyas tipo Turret CALM que serán utilizadas por VMOS frente a la costa de Río Negro. Cada estructura tiene un peso de 272 toneladas y un diámetro de 15,3 metros, y permitirá cargar petróleo directamente a grandes buques sin necesidad de una terminal portuaria fija.
Qué sostiene VMOS sobre los contratos
Desde VMOS señalaron que no existió una superposición contractual que implicara un conflicto al momento de contratar a Bluewater. Según explicaron, el acuerdo para la fabricación de las monoboyas fue firmado el 12 de junio de 2025, cuando la empresa neerlandesa todavía no mantenía relación con compañías vinculadas al proyecto Sea Lion.
La compañía sostuvo además que la contratación fue realizada de acuerdo con sus procedimientos internos de compliance y con la normativa argentina vigente.
La controversia surgió porque el contrato entre VMOS y Bluewater permanecía vigente cuando posteriormente la empresa acordó el alquiler del Aoka Mizu para Sea Lion. El vínculo comercial entre Bluewater y Navitas fue confirmado públicamente en febrero de 2026.
El nuevo esquema de sanciones
El caso tomó relevancia luego de que el Gobierno de Javier Milei anunciara nuevas medidas para reforzar la aplicación de sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en las aguas que rodean las Islas Malvinas.
El Ejecutivo informó el inicio de un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas, mientras que otras 180 compañías fueron notificadas sobre el nuevo esquema.
El Gobierno señaló que el decreto reglamenta la aplicación de la Ley 26.659, conocida como “ley Pino Solanas”, que establece restricciones para realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización estatal.
De acuerdo con la información suministrada, el nuevo régimen amplía el alcance de las sanciones hacia accionistas, directores y proveedores de compañías alcanzadas, con inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. También establece mecanismos de comunicación entre organismos estatales y la Cancillería y suma una declaración jurada obligatoria para acceder al RIGI.
Por el momento, Bluewater no figura entre las primeras 45 personas y empresas alcanzadas por el proceso sancionatorio informado por el Gobierno, aunque podría quedar comprendida en futuras actuaciones si las autoridades consideran que corresponde.
Un proyecto offshore con una inversión millonaria
Sea Lion contempla la perforación de más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas y una inversión estimada en USD 3.900 millones para sus diferentes etapas. El inicio de la producción está previsto para marzo de 2028.
Los costos de explotación offshore constituyen uno de los principales desafíos del proyecto. Las estimaciones citadas ubican entre USD 70 millones y USD 140 millones el costo de perforación de un pozo en el mar, frente a entre USD 10 millones y USD 20 millones para uno en Vaca Muerta.
El economista y exsecretario de Energía Daniel Montamat señaló que los mayores costos vinculados con la distancia, la logística marítima y la situación territorial podrían aumentar la exposición del proyecto a las variaciones del precio internacional del petróleo.
Antecedentes de sanciones por actividades en Malvinas
Las empresas operadoras vinculadas con Sea Lion ya fueron objeto de sanciones argentinas. Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada en 2012 y 2013, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción similar en 2022.
En 2021, además, la Cancillería había enviado notas de desaliento a empresas relacionadas con el proyecto, entre ellas Navitas y Chrysaor Holdings, para advertir sobre las consecuencias de participar en actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.
En este contexto, el doble vínculo comercial de Bluewater agrega un nuevo elemento al debate sobre la aplicación de las normas argentinas frente a las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, mientras las dos monoboyas fabricadas por la compañía avanzan hacia Punta Colorada, Río Negro, donde serán incorporadas al sistema de exportación de crudo de VMOS.
