Ángel Roberto Bassi Spano obtuvo el beneficio este viernes 9 de octubre, luego de que su defensa presentara un hábeas corpus. Había sido detenido en septiembre por una nueva denuncia y cuenta con una condena previa por abuso sexual simple agravado por el vínculo.
La Justicia concedió este viernes 9 de octubre la prisión domiciliaria a Ángel Roberto Bassi Spano, investigado por un presunto nuevo hecho de abuso sexual contra su nieta. La medida se resolvió luego de un hábeas corpus presentado por su defensa, mientras continúa la investigación judicial.
El hombre había sido detenido el pasado 18 de septiembre, en el marco de una causa iniciada a partir de una nueva denuncia vinculada con presuntos abusos contra la menor.
El caso volvió a generar atención por los antecedentes judiciales del acusado y por las medidas de protección que se habían dispuesto anteriormente para resguardar a la niña.
Una condena previa por abuso sexual
En 2025, Bassi Spano había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.
En aquella oportunidad, la Justicia también había establecido la prohibición de acercamiento y de mantener cualquier tipo de contacto con la niña y su grupo familiar.
Ese antecedente forma parte del contexto judicial del caso, aunque la nueva denuncia debe investigarse de manera independiente y conforme a las garantías del proceso penal.
Una nueva investigación en curso
La causa actual busca establecer las circunstancias del presunto nuevo hecho denunciado y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
La investigación deberá avanzar con las pruebas y las medidas judiciales pertinentes. Por el momento, la nueva imputación se encuentra bajo análisis y no debe confundirse con la condena dictada en 2025.
Qué implica la prisión domiciliaria
La concesión de la prisión domiciliaria modifica la modalidad en que el acusado permanecerá detenido mientras avanza el expediente. El alcance concreto de la medida, sus condiciones y las eventuales restricciones deben surgir de la resolución judicial correspondiente.
En una causa que involucra a una menor de edad, las medidas de protección de la víctima y el cumplimiento de las restricciones que disponga la Justicia resultan aspectos centrales.
El proceso continúa abierto y será la Justicia la encargada de determinar cómo sigue la investigación por la nueva denuncia.