Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión. La Corte Suprema dejó firme la sentencia y Gendarmería recibió la orden de localizarlo en su último domicilio registrado en Chaco.
La Justicia Federal ordenó la detención inmediata de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a cuatro años de prisión que pesa sobre el exfuncionario por haber utilizado una investigación vinculada al narcotráfico para intervenir ilegalmente teléfonos de su esposa y de un hombre que había sido pareja de ella durante la adolescencia.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, luego de que el máximo tribunal rechazara el último recurso presentado por la defensa y dejara firme la sentencia.
El caso tiene además un vínculo directo con la provincia del Chaco: Gendarmería Nacional recibió la orden de localizar a Molina en su último domicilio registrado en territorio chaqueño.
Una vez concretada la detención, deberá permanecer provisoriamente en una dependencia de esa fuerza hasta que se efectivice su traslado a una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal.
La resolución fue firmada por los jueces Rubén David Osca Quiñones, Fabián Gustavo Cardozo y Jorge Gallino.
Una causa de narcotráfico utilizada para realizar escuchas
El caso salió a la luz de manera fortuita el 15 de marzo de 2019, durante un relevamiento de expedientes y elementos secuestrados en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes.
Para ese momento, Molina ya había dejado su cargo de secretario y se encontraba detenido en otra investigación relacionada con una presunta asociación ilícita que habría funcionado dentro del propio juzgado y que involucraba al entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila.
Durante aquel procedimiento, un empleado encontró 28 discos que contenían grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas, almacenados en el despacho que anteriormente había ocupado Molina.
Los discos estaban identificados con el número de un oficio correspondiente a una investigación por narcotráfico iniciada en 2013. Sin embargo, al revisar los registros apareció una irregularidad clave: los teléfonos intervenidos no pertenecían a personas sospechadas de integrar aquella investigación.
Las líneas correspondían a Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y Norberto Fabián Sucatzky, allegado de la mujer y exnovio de su adolescencia.
Sospechas sobre una supuesta infidelidad
De acuerdo con lo establecido durante la investigación judicial, las escuchas fueron realizadas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014.
Según la acusación, Molina confeccionó un oficio utilizando el formato, los sellos y la estructura del Juzgado Federal e incorporó los números telefónicos como si correspondieran a personas investigadas por tráfico de drogas.
El entonces juez Soto Dávila terminó firmando la documentación y posteriormente declaró que lo había hecho sin leerla detenidamente debido a la confianza que mantenía con su secretario.
La investigación determinó además que las líneas intervenidas correspondían a la provincia del Chaco y no tenían relación con la causa por narcotráfico, cuyos investigados se encontraban en Buenos Aires y Mendoza.
Las grabaciones tampoco contenían conversaciones relacionadas con el tráfico de drogas, sino diálogos privados y familiares.
Durante el juicio, integrantes de Gendarmería que habían participado de la investigación original por narcotráfico aseguraron que nunca solicitaron intervenir teléfonos con características correspondientes a Chaco.
Uno de los efectivos declaró además que Molina lo llamó personalmente para anticiparle la medida y le indicó que los discos debían ser enviados cerrados al juzgado, sin que fueran escuchados ni desgrabados por los integrantes de la fuerza.
Cuatro años de prisión y una condena firme
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina el 29 de julio de 2025 a cuatro años de prisión, además de una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo, al considerarlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real.
En abril de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la intervención de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.
Con la condena firme y agotada la vía recursiva, el Tribunal Oral Federal dispuso ahora la captura inmediata de Molina y su posterior traslado a una unidad penitenciaria.
La orden de localizarlo en su último domicilio registrado en Chaco coloca nuevamente a la provincia en el centro de un expediente que comenzó en Corrientes y que reveló el uso irregular de una investigación de narcotráfico para realizar escuchas sobre cuestiones estrictamente personales.
