En una jornada marcada por la falta de resultados, la defensa de los imputados Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva denunció una grave irregularidad procesal por parte de Gendarmería Nacional: habrían irrumpido en una propiedad privada ajena a la investigación, sin autorización judicial y provocando daños materiales.

La investigación por la desaparición de Axel González, que se desarrolla en la provincia, sumó esta tarde un nuevo episodio de alta tensión. Tras una serie de procedimientos ordenados en el marco de la causa, los abogados Dr. Miguel Barceló y Dra. Macarena Barceló Fogar defensores de Íñiguez y Silva denunciaron públicamente el accionar de las fuerzas federales durante los operativos de la fecha.
En una jornada marcada por la falta de resultados, la defensa de los imputados Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva denunció una grave irregularidad procesal por parte de Gendarmería Nacional: habrían irrumpido en una propiedad privada ajena a la investigación. pic.twitter.com/PgqmXoViWp
— TV LOCAL NOTICIAS (@tvlocalnoticias) July 18, 2026
Resultados negativos y error de procedimiento El despliegue comenzó con una serie de allanamientos que, a pesar del importante despliegue de peritos y unidades cinotécnicas (perros), arrojaron resultados negativos, no hallándose elementos de interés para la investigación.
Sin embargo, el conflicto escaló durante un segundo operativo, el cual fue cuestionado al constatarse una serie de irregularidades graves:

- Error de objetivo: Las fuerzas de seguridad intentaron ingresar a una propiedad que no coincidía con las coordenadas ni con las características de la «chanchería» señalada en la orden judicial.
- Vulneración a la propiedad privada: Los letrados denunciaron que el personal de Gendarmería procedió a romper el candado del portón de acceso sin contar con la autorización legal de la magistrada interviniente para ese predio en particular.
- Falta de respaldo: Tras verificar el sitio, se confirmó que el lugar no era el objetivo autorizado, lo que dejó en evidencia un error de procedimiento y una violación directa al domicilio privado.