El Foro de Periodismo Argentino presentó un informe ante Naciones Unidas que registra un récord de ataques contra la libertad de expresión. Más del 60% de las agresiones contabilizadas en lo que va de 2026 fueron atribuidas al presidente Javier Milei. Adepa también cuestionó los agravios del mandatario y alertó sobre sus efectos en el debate democrático.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. La entidad solicitó la intervención del organismo internacional ante el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina y el incremento de los agravios del presidente Javier Milei contra trabajadores de prensa.
La presentación, difundida este lunes 26 de octubre, incluye un informe basado en el Monitoreo de Libertad de Expresión que Fopea realiza desde 2008. Los registros muestran un crecimiento sostenido de las agresiones: se contabilizaron 116 casos en 2023, 179 en 2024 y 278 durante 2025, la cifra más alta desde el inicio del relevamiento.
Según la organización, ese récord ya fue superado en lo que va de 2026. Más del 60% de las agresiones registradas durante este año fueron atribuidas al Presidente. El monitoreo contabilizó cinco casos vinculados a Milei en 2023, 56 en 2024, 119 en 2025 y 175 en lo que va de 2026.
Fopea alertó sobre la escalada de hostilidad contra la prensa
La entidad puso especial atención en las expresiones del mandatario durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes 23 de octubre. En ese acto, Milei mencionó por sus nombres a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes habían informado sobre la causa $LIBRA.
Luego, pronunció una frase que Fopea consideró una escalada en la hostilidad oficial contra la prensa: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Para la organización, el uso de imágenes asociadas con la violencia física después de identificar públicamente a periodistas representa un riesgo que excede la discusión política. Advirtió que ese tipo de discurso puede legitimar agresiones de terceros y exponer a los profesionales señalados a situaciones de peligro.
Adepa reclamó respeto por el debate democrático
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también rechazó los nuevos ataques del Presidente contra periodistas y medios, en particular los registrados durante la cena de la Fundación Faro. La entidad señaló que las descalificaciones se suman a una escalada que ya había cuestionado en pronunciamientos anteriores.
Adepa sostuvo que, en una sociedad democrática, las réplicas, las refutaciones y las aclaraciones no deben ser reemplazadas por insultos. Quienes ejercen cargos públicos pueden cuestionar una información, discutir su contenido o responder a una publicación, pero esas diferencias no justifican los agravios personales.
El planteo coincide con la preocupación de Fopea por las consecuencias que la conducta de la máxima autoridad del país puede tener sobre el ejercicio de la libertad de expresión. La entidad recordó que la crítica al poder forma parte de las garantías necesarias para que la ciudadanía acceda a información sobre asuntos de interés público.
Los pedidos de Fopea ante Naciones Unidas
Entre las medidas solicitadas, Fopea pidió que la Relatoría envíe una comunicación al Estado argentino, se pronuncie públicamente sobre la situación y evalúe realizar una visita oficial al país.
También solicitó que el organismo recuerde al Gobierno sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y coordine acciones con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, la organización convocó a dirigentes políticos, legisladores e instituciones de la República a pronunciarse frente a la escalada de agravios.
Tanto Fopea como Adepa sostienen que la libertad de prensa no constituye un privilegio de los periodistas, sino una garantía para toda la sociedad y una condición fundamental para el funcionamiento de la democracia.