La denuncia fue presentada ante la Justicia en lo Penal Económico contra directivos y responsables de compañías pesqueras internacionales que operarían en aguas próximas a las Islas Malvinas con licencias otorgadas por autoridades británicas. Los denunciantes sostienen que podrían existir maniobras de explotación de recursos argentinos y presunto contrabando.
La Justicia en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos y responsables de empresas pesqueras internacionales por presuntas maniobras de contrabando y explotación ilegal de recursos pesqueros en el Atlántico Sur.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes solicitaron que se investigue el accionar de compañías que, según plantearon, desarrollarían actividades pesqueras en áreas marítimas reclamadas por la Argentina mediante permisos otorgados por autoridades británicas de las Islas Malvinas.
De acuerdo con la denuncia, las empresas involucradas capturarían recursos pesqueros en sectores considerados bajo jurisdicción argentina y posteriormente realizarían operaciones comerciales sin someterse a los controles aduaneros nacionales.
Cuestionan las licencias británicas
Uno de los principales puntos de la presentación está relacionado con la validez de las denominadas licencias de pesca otorgadas por las autoridades británicas en las Islas Malvinas.
Los denunciantes consideran que esas autorizaciones no tendrían validez frente al ordenamiento jurídico argentino y sostienen que permitirían la explotación comercial de recursos naturales de la Argentina.
En términos particularmente críticos, calificaron esas licencias como “patentes de corso” y cuestionaron que puedan ser utilizadas como respaldo para desarrollar actividades pesqueras en el Atlántico Sur.
Según la hipótesis planteada en la denuncia, las embarcaciones podrían capturar recursos vivos marinos y posteriormente realizar exportaciones, trasbordos o descargas sin intervención de organismos aduaneros argentinos.
Piden investigar un posible delito de contrabando
Los abogados sostienen que esa operatoria podría configurar el delito de contrabando, en caso de comprobarse que existió extracción de recursos desde sectores marítimos reclamados por la Argentina sin los controles correspondientes.
La denuncia menciona los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, vinculados con distintas modalidades de obstaculización del control aduanero, exportación clandestina y supuestos agravados.
Entre las circunstancias que solicitan investigar se encuentra la eventual utilización de buques y una posible organización de las operaciones destinada a evitar la intervención de organismos como la Aduana y la Prefectura Naval Argentina.
No obstante, se trata de hipótesis incorporadas por los denunciantes que deberán ser verificadas mediante la investigación judicial.
También apuntan a posibles responsabilidades de funcionarios
La presentación no se limita a las empresas y sus directivos.
Los abogados solicitaron que se determine si pudieron existir responsabilidades de funcionarios argentinos por una eventual falta de vigilancia, patrullaje o impulso de actuaciones destinadas a detectar y perseguir las maniobras denunciadas.
En ese sentido, pidieron que la investigación determine qué organismos tuvieron conocimiento de las actividades denunciadas y cuáles fueron las medidas adoptadas frente a ellas.
Qué medidas solicitaron
Para avanzar en la investigación, los denunciantes solicitaron que la Prefectura Naval Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) aporten registros de avistamiento e identificación de embarcaciones vinculadas con las empresas denunciadas.
También pidieron información sobre otros buques que hayan sido detectados en el Atlántico Sur operando bajo licencias británicas o sin autorización argentina.
A la Dirección General de Aduanas solicitaron que informe si las compañías denunciadas realizaron operaciones de exportación en territorio argentino o abonaron derechos y aranceles relacionados con capturas efectuadas en el área marítima de Malvinas.
Por otra parte, requirieron a la Inspección General de Justicia información sobre posibles vínculos comerciales de las compañías con sociedades, filiales o activos radicados en el territorio continental argentino.
Podrían solicitar medidas sobre empresas y embarcaciones
Finalmente, los denunciantes pidieron que, si durante la investigación se reúnen elementos suficientes, los responsables de las compañías sean citados a declaración indagatoria.
También solicitaron que la Justicia evalúe la posibilidad de disponer medidas cautelares sobre embarcaciones y activos comerciales vinculados con las empresas investigadas.
La causa deberá determinar ahora si existieron efectivamente las maniobras denunciadas, qué empresas y embarcaciones estuvieron involucradas, cuál fue el destino de los recursos extraídos y si corresponde atribuir responsabilidades penales a empresarios, operadores o eventualmente funcionarios.