Daniel Vera, quien permanece bajo prisión domiciliaria desde hace más de un año, será juzgado por presuntas amenazas e incitación al odio a través de publicaciones en redes sociales. La Justicia rechazó el último recurso de su defensa y confirmó el avance del proceso
El caso de Daniel Rubén Vera, el docente de música jubilado chaqueño acusado de amenazar a Javier Milei y a otras figuras públicas mediante publicaciones en redes sociales, llegará a juicio oral el próximo 1 de octubre.
El debate comenzará a las 9.30 y estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Según se estableció, las audiencias continuarán los jueves sucesivos, mientras que Vera seguirá el proceso mediante la plataforma Zoom desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria.
La confirmación del juicio se produjo después de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el último recurso extraordinario presentado por la defensa. La resolución fue firmada por el juez Carlos Mahiques y dejó, por el momento, sin posibilidad de intervención de la Corte Suprema en esta instancia.
Qué se le atribuye al jubilado
Vera está acusado de utilizar el seudónimo “Elpidio Sánchez” para realizar publicaciones en Facebook que, según la acusación, contenían amenazas y expresiones de incitación al odio.
El expediente menciona publicaciones dirigidas contra el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exdiputado José Luis Espert y los periodistas Eduardo Feinmann, Luis Majul y Jonatan Viale.
La investigación se inició a partir de tareas de “ciberprevención” y derivó en su detención, procesamiento y posterior prisión domiciliaria.
Ahora será el tribunal oral el que deberá determinar si las expresiones atribuidas a Vera constituyeron delitos o si, como sostiene la defensa, se encuentran dentro del ámbito protegido por la libertad de expresión.
La Justicia rechazó la probation
Uno de los puntos centrales de la disputa judicial fue el pedido de la defensa para acceder a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
La propuesta contemplaba una reparación económica, tareas comunitarias y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Además, la defensa había solicitado la libertad de Vera.
El pedido fue rechazado y posteriormente la defensa intentó llevar la discusión ante la Corte Suprema. Sin embargo, el juez Mahiques declaró inadmisible el recurso extraordinario al considerar que no se había demostrado una cuestión federal suficiente ni la arbitrariedad denunciada.
Un dato particular del expediente fue la postura de Eduardo Feinmann, quien participa como querellante particular y había manifestado su conformidad con la posibilidad de otorgar la probation. La Fiscalía, en cambio, se opuso y sostuvo que la gravedad de los hechos justificaba la realización del juicio oral.
Más de un año bajo prisión domiciliaria
Vera fue detenido el 2 de julio de 2025 en su vivienda de Resistencia. Durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos, armas de aire comprimido y cuchillos.
Tras permanecer inicialmente alojado en una dependencia policial, pasó a cumplir prisión domiciliaria, régimen que mantiene desde hace más de un año.
Su situación también generó cuestionamientos por las condiciones de alojamiento durante los primeros días de detención. En ese contexto intervino el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y se promovieron medidas vinculadas con sus condiciones de alojamiento y comunicación con la defensa.
El debate comenzará el 1 de octubre
Con el último recurso rechazado y la fecha del juicio confirmada, el expediente entra ahora en una nueva etapa.
Desde el 1 de octubre, Vera deberá seguir las audiencias por Zoom mientras el Tribunal Oral Federal N° 3 escucha a las partes y analiza las pruebas del caso.
El juicio será, finalmente, la instancia en la que se determinará si las publicaciones atribuidas al jubilado chaqueño constituyeron amenazas e incitación al odio, como sostiene la acusación, o si quedaron comprendidas dentro del ejercicio de la libertad de expresión, uno de los principales ejes que atraviesan el expediente.
