La firma del convenio con la UNODC expone una contradicción flagrante que salpica al gobierno de Leandro Zdero. Mientras el mandatario radical promociona el Programa Fortaleza como la gran herramienta para la «prevención del consumo», la realidad cotidiana de las fuerzas de seguridad provinciales deja al descubierto fisuras estructurales.
El caso más resonante estalló cuando siete efectivos de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco fueron imputados y detenidos tras intentar robar 9 kilos de cocaína en medio de una quema judicial de estupefacientes. Un hecho de extrema gravedad institucional que puso sobre la mesa lo que en los barrios se denuncia a diario: la complicidad o la participación directa de sectores policiales en el circuito del narcotráfico y el menudeo.
De los discursos de campaña a los búnkeres impunes
Frente a la gravedad de los hechos, la respuesta del Ministerio de Seguridad y del Ejecutivo ha sido apelar a las postales con delegaciones internacionales, la «evidencia científica» y la fotos oficiales con funcionarios alineados.
El relato oficial: La gestión sostiene que avanza con «mano dura» e incautaciones, intentando instalar la idea de que los casos de corrupción policial son «hechos aislados».
La sospecha en el territorio: La investigación sobre el intento de sutracción de cocaína sugirió maniobras planificadas, lo que alimenta el interrogante de si la fuerza policial que debe combatir el narcotráfico no forma parte del propio problema.
Mapear convenios con la ONU o con el CFI contrasta radicalmente cuando los dispositivos que deberían resguardar la sustancia terminan siendo el vehículo para su comercialización. Para amplios sectores sociales y territoriales del Chaco, cualquier intento de erradicar el tráfico de drogas será mera pirotecnia mediática si no hay una depuración profunda, transparente y real de las propias fuerzas de seguridad.