El oficialismo consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, pero el resultado dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada. Aunque el proyecto avanzó en el Congreso, el Gobierno debió retirar el capítulo que modificaba el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros ante la falta de respaldo parlamentario, evidenciando una de las principales dificultades políticas de la gestión: la construcción de consensos y la comunicación de sus reformas.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, buscaba flexibilizar el régimen vigente para permitir que las provincias recuperaran la potestad de autorizar la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. Al mismo tiempo, mantenía restricciones para impedir que Estados extranjeros compraran tierras sin autorización conjunta de la Nación y las provincias, además de reforzar los controles en zonas de seguridad de frontera.
Sin embargo, la propuesta quedó en el centro de una fuerte polémica política. Mientras el oficialismo sostenía que la reforma apuntaba a atraer inversiones y fortalecer el federalismo, sectores de la oposición cuestionaron que abría la puerta a una supuesta pérdida de soberanía sobre el territorio nacional. Ese discurso terminó ganando espacio en el debate público y obligó al Gobierno a retirar el capítulo antes de la votación.
Para analistas políticos, uno de los principales errores del Ejecutivo fue no instalar con claridad el contenido del proyecto. La falta de una estrategia de comunicación permitió que predominara un relato basado en temores sobre una eventual venta masiva de tierras, pese a que la iniciativa mantenía límites para la compra por parte de Estados extranjeros y establecía controles específicos para las zonas de frontera.
Desde el sector inmobiliario rural también relativizaron el impacto que hubiera tenido la flexibilización. Juan José Madero, director de la división Campos de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios, recordó que cuando se estableció el límite del 15% para la propiedad extranjera, el relevamiento oficial mostró que apenas alrededor del 6% de las tierras rurales estaban en manos de capitales internacionales.
El especialista explicó que la mayor parte de las inversiones extranjeras se concentran en actividades como la forestación, la minería y cultivos de largo plazo, sectores que requieren importantes desembolsos de capital, generan empleo local y pagan impuestos en el país.
Además, sostuvo que Argentina continúa siendo competitiva frente a otros mercados de la región. Actualmente, una hectárea en la zona núcleo agrícola ronda los 20.000 dólares, por debajo de valores registrados en Estados Unidos y Brasil, lo que convierte al país en un destino atractivo para futuras inversiones.
Más allá de la media sanción obtenida, el episodio dejó una enseñanza política para el oficialismo. El Gobierno logró avanzar con una de sus principales iniciativas legislativas, pero no consiguió instalar el sentido de una reforma que consideraba estratégica. El retiro del capítulo sobre la Ley de Tierras evitó una derrota parlamentaria, aunque expuso las dificultades del Ejecutivo para sostener el debate político y comunicar el alcance de sus propuestas.
