En una maniobra de pinzas que expone las prioridades del gobierno chaqueño, el gobernador Leandro Zdero firmó aumentos siderales para la cúpula judicial bajo el concepto de «ajuste por revisión». Al mismo tiempo, el jefe de los fiscales, Jorge Canteros, dictaminó en plena feria judicial para que el Superior Tribunal anule el derecho de los maestros a proteger su salario frente a la inflación.
Por Redacción TV LOCAL –
La «austeridad» en el Chaco de Leandro Zdero parece ser un traje a medida que solo deben vestir los trabajadores de guardapolvo y uniforme. Mientras los docentes chaqueños asisten al desguace de su poder adquisitivo, una elite de funcionarios judiciales —con la venia directa del Ejecutivo— ha logrado blindar sus ingresos con cifras que resultan obscenas para una provincia con índices de pobreza que perforan el techo.
Jueces millonarios en una provincia quebrada
A través de decretos de «ajuste por revisión» (como el 1409/2025), el gobernador Zdero autorizó incrementos que llevan el sueldo bruto de un Juez de Cámara a la astronómica cifra de $7.503.295 ($6.170.833 netos). El argumento oficial es la «equiparación salarial» con otras provincias, una sensibilidad que el mandatario no parece tener cuando se trata de los maestros, cuyos salarios en muchos casos no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Este «ajuste» para los magistrados y funcionarios de alta jerarquía representa un porcentaje acumulado que, según denuncias gremiales, evidencia una transferencia de recursos públicos hacia los sectores más acomodados del Estado, dejando las migajas para el resto de la administración central.
El dictamen de la traición: Canteros contra los docentes
La otra cara de la moneda es el ataque judicial a la Cláusula Gatillo, la herramienta que permitía a los docentes no perder de manera estrepitosa contra la inflación. En un giro que despertó profundas suspicacias, el Procurador General de la provincia, Jorge Canteros, emitió un dictamen el pasado 23 de enero —en plena feria judicial y con una celeridad inaudita— recomendando al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que anule el fallo que obligaba al gobierno a pagar dicho beneficio.
Para el jefe de los fiscales, la actualización salarial docente es «inconstitucional» porque no fue fijada por una ley formal, un tecnicismo legal que utiliza para avalar el ajuste del Ejecutivo. Para el sector docente, representado por sindicatos como Federación SITECH, el dictamen de Canteros no es más que un favor político: «Es la justicia actuando como apéndice del poder político», denunciaron.
Los números de la desigualdad
La brecha es insostenible:
- Para los jueces: Decretos de equiparación y sueldos de 7 millones de pesos.
- Para los docentes: Un dictamen del Procurador que busca borrar la Cláusula Gatillo y meses de salarios congelados o aumentos que apenas rozan el 6%.
Mientras el gobernador Zdero se jacta de «poner orden» en las cuentas, el orden parece consistir en que los que más tienen ganen más, y los que sostienen la educación pública financien el déficit con su propio hambre. La paz social en Chaco hoy pende de un hilo, o mejor dicho, del filo de una balanza que siempre se inclina para el mismo lado.