El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como presunto jefe de una asociación ilícita, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, en el marco de una causa que expone un entramado de corrupción estructural dentro del organismo.
La resolución alcanza a otros 18 imputados —entre exfuncionarios y empresarios del sector farmacéutico— y dispone además nuevas declaraciones indagatorias, según consta en el fallo de más de 300 páginas al que accedió la prensa.
Según el magistrado, la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización criminal integrada por funcionarios de ANDIS y actores privados, cuyo objetivo era obtener ganancias millonarias mediante la adjudicación direccionada de contrataciones públicas, principalmente en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia.
Casanello sostuvo que se montó un “sistema de retornos”, mediante el cual droguerías beneficiadas pagaban sobornos a funcionarios para garantizar adjudicaciones con sobreprecios, en perjuicio del Estado. “Se trató de un entramado de corrupción institucional con operadores externos y autoridades del organismo actuando de forma mancomunada contra el interés general”, afirmó el juez.
Licitaciones simuladas y sobreprecios
La resolución describe una “puesta en escena” en la competencia de precios, requisito formal para las contrataciones públicas. En los procesos de compra de medicamentos, las droguerías Profarma y Génesis se alternaban en las ofertas y resultaban adjudicadas, mientras que en la adquisición de insumos —principalmente implantes auditivos— lo hacían New Farma y Floresta, también beneficiadas de manera sistemática.
Todas las empresas estaban vinculadas entre sí y fueron dadas de alta como prestadoras de ANDIS el mismo día, tras un pedido urgente de las autoridades del organismo. Además, el fallo remarca que las ofertas presentadas eran injustificadamente más caras, incluso en comparación con otras compras similares realizadas en simultáneo por la propia agencia.
Sobornos, máquina de contar billetes y visitas privadas
Entre los elementos clave para procesar a Spagnuolo, el juez destacó el hallazgo de una máquina de contar billetes en su domicilio, considerada necesaria para manejar dinero en efectivo debido a la clandestinidad de las maniobras. También se acreditaron cinco visitas del operador Miguel Ángel Calvete a la vivienda del exfuncionario y pagos de este último a un mueblero que trabajó para Spagnuolo.
El magistrado concluyó que Spagnuolo, como máxima autoridad de ANDIS, colocó en cargos clave a personas afines a la organización, supervisó el direccionamiento de las compras y recibió sobornos, pese a los reclamos formales de droguerías excluidas del Programa Federal Incluir Salud.
Audios, nulidades rechazadas y una causa que puede escalar
La causa se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en audios filtrados donde una voz atribuida a Spagnuolo afirmaba: “Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear”. Aunque las defensas intentaron anular el expediente alegando ilegalidad de las grabaciones, Casanello rechazó esos planteos y aclaró que el procesamiento se basó en pruebas independientes, como expedientes administrativos y testimonios.
El juez advirtió que lo investigado podría no agotarse en los imputados actuales y sugirió la existencia de niveles superiores de complicidad política, señalando que la magnitud de los negocios y el “desenfado” con el que se operaba indican que no se trató de un esquema aislado.
Embargos millonarios y nuevas indagatorias
Aunque los procesados continuarán en libertad, Casanello ordenó embargos por más de $202.000 millones sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los otros principales acusados. Además, citó a indagatoria a nuevos imputados y a las personas jurídicas de las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
La investigación sigue abierta y promete avanzar sobre las responsabilidades políticas y empresariales detrás de uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema de compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.